21 DE JUNIO DE 2024
MEJORA CONTINUA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Capacitación en gestión electrónica de expedientes en Canindeyú
El Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, en coordinación con la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la licenciada Rosa Liz Chamorro y su equipo técnico, desarrollaron una jornada de capacitación, actualización, intercambio de experiencias y unificación de criterios en cuanto a la administración de los expedientes electrónicos en juzgados de la referida jurisdicción este jueves 20 de junio.
La actividad se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Saltos del Guairá, bajo la modalidad presencial y virtual, y contó con la participación del presidente del Consejo de Administración de la localidad, abogado Gustavo H. Brítez, así como de los magistrados y actuarios judiciales de los distintos juzgados y tribunales.
El titular del Consejo de Administración de la Circunscripción, doctor Brítez, reconoció el valioso apoyo brindado por la Dirección de Tecnología y Comunicaciones de la CSJ (DGTIC's), bajo la dirección del ministro encargado, doctor Alberto Martínez Simón, en el fortalecimiento de la gestión institucional de esta circunscripción.
Registro e inspección de unidades judiciales
Así también, este viernes 21 del corriente, técnicos de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la CSJ, realizaron un recorrido por todas las unidades judiciales de primera y segunda instancia de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, con el objetivo verificar las condiciones de trabajo, capacitar al personal y resolver las consultas de los funcionarios y magistrados sobre los trámites electrónicos en curso.
Durante el recorrido, se evaluaron las infraestructuras tecnológicas y se ofrecieron soluciones a problemas específicos para optimizar la eficiencia en la gestión de los expedientes electrónicos.
Se destacó la importancia de mantener un diálogo constante entre los operadores de justicia y los técnicos para asegurar el uso efectivo de las herramientas tecnológicas, contribuyendo así a una administración de justicia más ágil y transparente.