En ese sentido, la doctora Llanes expresó que “tras el informe –elaborado por la OTP y la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTICs) de la Corte Suprema– vemos que esto se da porque no existe una comunicación coordinada entre el sistema penitenciario y el Poder Judicial en relación con el registro de estas causas. Muchos procesos se encuentran paralizados debido a que estas personas privadas de libertad no son remitidas a los jueces penales que las convocan para las respectivas audiencias, y tampoco se informa a dichos magistrados que estas personas se encuentran privadas de libertad dentro del sistema penitenciario”.

La ministra refirió que, como posible mecanismo de resolución a esta problemática –y conforme a este relevamiento realizado por la encargada de la DGTICs de la CSJ, licenciada Rosaliz Chamorro, para un mejor control del sistema de consultas de casos–, se propuso socializar este informe donde se encuentran todos los casos, con las carátulas correspondientes, para que los magistrados puedan disponer la realización de audiencias telemáticas. Estas audiencias permitirán determinar el cese del estado de rebeldía y que la causa siga su curso regular.

Asimismo, mencionó que en un tiempo prudencial se llevarán a cabo controles a través de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional para asegurar el cumplimiento de las medidas.