Según un informe elaborado por la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, Sabino Augusto Montanaro se encuentra sindicado como responsable de delitos como desaparición forzada, tortura y detención arbitraria, junto a otras ex autoridades de la época, incluyendo el entonces presidente de la República. 

Mediante procesos abiertos tras la caída de la dictadura, varios de los responsables de estos hechos fueron condenados como Pastor Milciades Coronel, Camilo Almada Morel, Lucilo Benítez Santacruz y otros, mientras que en otros casos se decretó la rebeldía, como por ejemplo de Montanaro y Alfredo Stroessner, quienes se asilaron en Honduras y Brasil, respectivamente.

Luego de la ratificación por parte del Paraguay de los tratados y pactos internacionales de Derechos Humanos, se recibieron a través de la Secretaría de la Comisión Interamericana de DD.HH denuncias sobre presunta detención ilegal, arbitraria, tortura, desaparición forzada, sobre todo de Carlos José Mancuello, Agustín Goiburú y los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, quienes fueron acusados por el gobierno, entre el año 1974 y 1977, de ser agentes terroristas y por conspirar contra el régimen.

En ese sentido, el 8 de julio del 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos somete ante la Corte Interamericana una demanda contra el Estado paraguayo por violación del derecho a la vida y a la integridad personal, entre otros. Un año después, el 22 de setiembre del 2006, la mencionada Corte se pronuncia en el caso Goiburú y otros casos declarando que hubo violación de los mencionados derechos consagrados en la Constitución nacional.

Al respecto, el informe elaborado por la Dirección de Derechos Humanos de la Corte sostiene que los casos en cuestión formaron parte del llamado Operativo Cóndor, acordado entre Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de “salvaguardar” el orden público y la lucha contra el comunismo internacional.

Menciona que durante el acuerdo se concretaron detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones ideadas y concretadas por las fuerzas de seguridad e inteligencia de las dictaduras latinoamericanas.   

Entre las medidas de reparación que se aplicó resultante de la responsabilidad estatal, reguladas por el derecho internacional figuran reparar las consecuencias que estas violaciones produjeron, así como el pago de una indemnización justa, por los daños ocasionados, sin obviar que el Estado debe adoptar acciones de carácter positivo para que no se repitan los hechos lesivos.

Para leer el texto completo de la sentencia, acceder a: http://www.v1.pj.gov.py/ddh/docs_ddh/CasoGoiburu_yotros_VsParaguaySENTENCIA.pdf