La Corte Suprema de Justicia redujo de casi 140 mil millones de guaraníes a 48 mil millones de guaraníes su proyecto de ampliación del presupuesto para el 2008. La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso nacional aceptó parcialmente esta segunda propuesta de la máxima instancia judicial. El proyecto que será estudiado en el Senado incluye un reajuste salarial para todos los funcionarios y magistrados judiciales en un 10%, y una importante reivindicación en los haberes de los jueces de paz.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alicia Pucheta de Correa mediará para buscar destrabar el conflicto generado con la Universidad Nacional de Asunción a partir de la intención de la creación de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, que pretende, a través de una ley despojar a la universidad estatal capitalina de docentes, muebles, incluso estudiantes de manera a entrar a funcionar. La titular de la máxima instancia judicial se reunió al respecto con el rector de la UNA, ingeniero Pedro González.
Los gremios de abogados y escribanos del Paraguay decidieron ayer en asamblea apoyar a la huelga general que están llevando a cabo los funcionarios judiciales en busca del aumento salarial del 15%. El compromiso tomado por los mismo es el de acompañar la marcha hasta el Congreso nacional el próximo jueves. Cabe señalar que el respaldo se extenderá hasta el día jueves y que después en caso que siga la huelga tomarán otras medidas. Los abogados no están de acuerdo con la medida de fuerza pero si con el pedido del incremento de las remuneraciones.
La Corte Suprema de Justicia declaró de interés institucional el II Congreso Internacional de Derrecho Informático y Tecnológico por ser considerado de relevancia jurídico-académica. La decisión obedece a un pedido hecho por la Asociación Paraguaya de Derecho Informático. El curso se llevará a cabo en el Sheraton Asunción Hotel el día 26 de noviembre del año en curso.
La Corte Suprema de Justicia resolvió durante se la sesión plenaria de la fecha, otorgar un permiso de tres meses al juez de Paz de San Pedro del Paraná, Alfonso Giménez; por motivos de salud. Igualmente, se dispuso de la realización de una auditoria de gestión judicial en el Juzgado de Paz de Ciudad del Este, a cargo de la magistrada Anselma Erica Montes.
La medida de fuerza en el Poder Judicial se extenderá hasta el martes 20 de noviembre del presente año, día en que se espera que la Cámara de Senadores trate el pedido presentado por la Corte Suprema de Justicia. Al reclamo de los magistrados y funcionarios judiciales, se suman ahora los abogados y escribanos, quienes acompañan las reivindicaciones solicitadas. La gran marcha prevista para el jueves frente al Congreso quedó postergada para el próximo martes.
Juan Lovera de 15 años, acompañado de sus padres, solicitó a las autoridades judiciales se inicie una investigación, ya que, según dijo, hasta ahora la Fiscalia de Ayolas no mostró interés en aclarar una denuncia de supuesta negligencia médica de la que fue víctima el adolescente. Según la denuncia, el joven fue sometido a una cirugía a raíz de una apendicitis, pero durante la operación, los médicos que lo asistieron le perforaron el intestino grueso.
El presidente del Tribunal de Sentencia del caso Ycuá Bolaños German Torres sufrió hoy una descompensación durante el desarrollo del juicio, motivo por el cual el mismo quedó suspendido hasta el próximo miércoles. Por otro lado, se espera que en la semana culmine la declaración de testigos y es probable que comience la lectura de las pruebas documentales. En la fecha se logró escuchar al testigo Humberto González, propuesto por la defensa de Agustín Alfonso.
Bajo el título “Los Archivos del Terror” fue presentado en la mañana de ayer el libro en el que se resignifica la memoria del stronismo. Con la obra se pretende recuperar la memoria histórica para evitar que nunca más suceda 35 años de dictadura. Del acto participó el ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Víctor M. Núñez, quien instó a los presentes a reconocer y respetar los derechos humanos, considerándolo como la base para una buena administración de la justicia. Los autores del libro, Alfredo Boccia, Rosa Palau Aguilar y Osvaldo Salerno consideran que la obra será de vital importancia para la comunidad en general y sobre todo a la sociedad jurídica.
