Sin promover reformas legislativas ni incrementos presupuestarios (que casi siempre constituyen los grandes obstáculos de los cambios indispensables), se llevó a cabo la reingeniería administrativa de un tribunal superior, para adaptarlo a los nuevos desafíos propios de una administración de justicia moderna, explicó el doctor Carlos Aranguiz Zúñiga, ministro de la Corte Suprema de Chile, al exponer sobre el desarrollo y la modernización del sistema de justicia de su país.

Dijo que como nuevo paradigma se instaló que la justicia es un ámbito de servicios públicos perfectamente equivalente a cualquier otro (salud, educación, etc.) y, en consecuencia, racionalizar el uso de sus escasos recursos es central para el mejor cumplimiento de sus objetivos.

Se dejó de lado la manera de pensar que hacer justicia no es una cuestión de recursos y, por ese motivo, los análisis económicos o eficientistas no tienen cabida en el ámbito de la justicia.

El alto magistrado chileno realizó una exposición en el marco del Primer Congreso Nacional de la Magistratura Judicial del Paraguay, que reunió a más de ochocientos jueces y juezas de todo el país, el viernes 9 y el sábado 10 del corriente, en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

También mencionó que en su país se tuvo que trabajar duro para modificar la manera de pensar de magistrados que sostenían la idea de que los jueces y miembros de la justicia son competentes en todo y por ello no requieren de otras especialidades y se les exige buen desempeño en todos los dominios del quehacer organizacional.

Refirió que en la actualidad se tiene como nuevo paradigma que los magistrados son exigidos de competencias en el dominio de producir resolución de conflictos, mientras que las responsabilidades de la organización y administración son entregadas a especialistas.

Precisamente este punto fue mencionado en varias de sus intervenciones por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, doctor Víctor Manuel Núñez, quien refirió que actualmente los magistrados dedican casi el 70 por ciento de su tiempo laboral en la resolución de cuestiones administrativas.

Aranguiz Zúñiga comentó además sobre El Índice de Calidad de la Justicia del Poder Judicial (iPJUD), que nace como respuesta a la necesidad de contar con herramientas que permitan evaluar cuantitativamente el desempeño en áreas consideradas de gran importancia para la administración de justicia, obteniendo así una visión clara y global del estado de la calidad de la misma en nuestro país.

Esta herramienta enfoca su medición no sólo en acciones y labores internas del PJUD, sino también incluye a los usuarios del sistema judicial y a la comunidad en general, considerando su percepción, participación y el respeto y cumplimiento de sus derechos y garantías constitucionales, al momento en que, de cualquier forma, entran en contacto con la labor jurisdiccional.

Se refirió asimismo a los programas implementados para la informatización de los procesos y de la información, expediente virtual, además del acceso vía internet a principales consultas públicas (desde resoluciones, vida interna, declaraciones de patrimonio y vinculaciones magistrados). Indicó que estos factores fueron fundamentales para mejorar el sistema de justicia chileno.