La Corte Suprema de Justicia acordó aprobar en forma general el diseño de implementación del Plan Piloto del Proyecto de Protección al denunciante de hechos de corrupción pública, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay, (INECIP-PY).

Sobre la base de la acordada, el Plan Piloto se desarrollará durante el periodo comprendido entre setiembre de 2006 y setiembre de 2007, específicamente en la Dirección General de los Registros Públicos.

El documento señala que conforme a la Ley N° 977/96 que aprueba la Convención Interamericana Contra la Corrupción suscrita por la República del Paraguay el 29 de Marzo de 1996 establece en el artículo III, que cada Estado Parte dentro de sus propios sistemas institucionales deberá “crear, mantener y fortalecer medidas preventivas y sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno”.

Señala, además que el objetivo del Convenio de Cooperación firmado con el INECIP, en el marco del Proyecto Protección al denunciante, con la asistencia técnica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID Paraguay, acordado el 12 de septiembre de 2005 es “brindar asistencia técnica al Poder Judicial para conformar una oficina de Protección al denunciante de hechos de corrupción publica”.

De acuerdo al convenio firmado, INECIP Paraguay se compromete, entre otras cosas, a elaborar un análisis situacional a partir de un sondeo realizado en la Institución sobre el tema Corrupción Pública con énfasis en la Dirección de los Registros Públicos y los Juzgados Penales de la Capital. Asimismo, diseñar un Programa de Protección al Denunciante de este tipo de hechos y difundir el programa a las autoridades judiciales, funcionarios, a la comunidad jurídica y a los grupos sociales organizados.   Por su parte, la Corte Suprema de Justicia tendrá a su cargo acordar con INECIP la definición de un plan de trabajo y calendario de actividades para hacer efectivo el objetivo y promover en forma oportuna y diligente la información pública necesaria para la implementar el anexo.

También, permitirá a los técnicos de INECIP trabajar de manera coordinada con los funcionarios designados por la máxima instancia judicial, además de adoptar las recomendaciones técnicas pertinentes y dictar las acordadas y resoluciones que sean necesarias para hacer efectiva el acuerdo suscrito.