En la conferencia denominada “La función administrativa en la administración de la Justicia”, se expuso las experiencias, se analizaron los resultados de los modelos implementados en las Cortes Supremas de Justicia de otros países, además de debatir sobre la necesidad de una reforma judicial estructural en Paraguay. La jornada se llevó cabo en la Sala de Conferencias, ubicado en el noveno piso del Palacio de Justicia de Asunción.

La actividad contó con la presencia del director de Administración y Finanzas de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Roberto Torres, además del licenciado Alfredo Jones León de Costa Rica y el doctor Marcelo Fernando Nieto Di Biase de Argentina.

Durante su ponencia, el director Ejecutivo del Poder Judicial de Costa Rica, licenciado Alfredo Jones León refirió que para una buena administración de la Justicia hay que respetar los lugares que cada uno ocupa, no salirse de ella, por ejemplo, el juez solo debe hacer lo que sabe, que es administrar Justicia y de la forma más justa.

Además, narró la experiencia de su país en cuanto a las acciones relacionadas sobre la sistematización de nuevas estructuras, y los resultados de los modelos implementados. También, recordó a los administradores judiciales que ellos son el medio principal para que la administración de la Justicia camine en forma correcta.  

Por su parte, el director de la Oficina Judicial de la Ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, Argentina,  doctor Marcelo Fernando Nieto Di Biase, habló sobre las gestiones en los sistemas de audiencias.

Sostuvo, que la buena administración de la Justicia es lo ideal para el progreso. “El trabajo en equipo es lo correcto para administrar de mejor manera una Justicia. Los coordinadores externos e internos son esenciales para un buen trabajo en todos los ámbitos” añadió.

 Asimismo, señaló que el empuje y el apoyo tienen que ser constante en todos los sectores para el buen caminar de la Justicia y poder alcanzar así un óptimo desempeño en el trabajo.

Cabe resaltar, que el encuentro conto con el apoyo el Centro de Estudios Judiciales (CEJ),  del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), y (USAID).