En base al reglamento, la máxima instancia judicial a través del Consejo de Superintendencia de Justicia es el único que tiene facultad para aplicas las sanciones disciplinarias correspondientes, mientras que aquellos jueces o tribunales que apliquen sanciones deberán, indefectiblemente comunicar de la disposición a la Corte Suprema  para que sea registrada en el legajo o ficha del afectado.

En el interior del país, los Presidentes de los Consejos de Administración de las Circunscripciones Judiciales del interior ejercerán la función de control sobre los jueces inferiores, funcionarios, contratados y auxiliares de Justicia.

En los casos en que se inicien los sumarios administrativos, todos los plazos serán perentorios, pero se computarán solo los días hábiles. Los sumarios deberán concluir en un plazo no mayor a 60 días y el incumplimiento injustificado de este plazo por parte del juez instructor será pasible de sanción, sin que ello afecte el curso del sumario.

El Consejo de Superintendencia podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión preventiva del presunto responsable, cuando existan indicios suficientes de la comisión de una falta grave, y en el caso de los funcionarios y contratados la suspensión preventiva será sin goce de sueldo. 

La acordada lleva las firmas de los ministros José Raúl Torres Kirmser, Miguel Oscar Bajac, Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta de Correa y Antonio Fretes.

Ver documento: Acordada Nº 658 [Formato PDF - 2.5MB] 

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