El procedimiento fue encabezado por la presidenta del Consejo de Administración, magistrada Rosa Isabel Dejesús Quiñónez, junto con la vicepresidenta segunda, magistrada Ana Luz Franco Romero. La jornada estuvo a cargo de la jueza Penal de Sentencias, abogada Rosana Manuela Alonso, en su carácter de jueza de Depuración de Evidencias, conforme a la Resolución N° 030/2023 del Consejo de Administración, y contó con la participación de la actuaria judicial, abogada Andrea Martínez Santa Cruz.

Durante el acto se realizó el control y verificación del listado de evidencias, conforme al Anexo 3, inciso a, de la normativa vigente. Posteriormente, las evidencias fueron trasladadas a la metalúrgica M2, propiedad del señor Leongino Mendoza, para su destrucción definitiva, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

También participaron representantes de diversas instituciones, entre ellos: Dionicio Araújo, por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional; magíster César Alberto Silva, jefe de la Bóveda de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú; el agente fiscal, abogado Milciades Ramos, en representación del Ministerio Público; y el defensor público, abogado Edgar Paredes Candia, por el Ministerio de la Defensa Pública.