En ese sentido, estas acciones buscan coordinar esfuerzos y establecer estrategias conjuntas para enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones criminales, reflejando el compromiso de la Corte Suprema de Justicia en liderar y colaborar con diversas instituciones nacionales e internacionales para combatir este flagelo. 

Al respecto, y con el objetivo de puntualizar las acciones de la Corte Suprema en materia de justicia penal especializada y las medidas implementadas, la vicepresidenta primera mencionó que “el año pasado, durante la presidencia del doctor Benítez Riera, se conformó una mesa de trabajo interinstitucional para definir una Política Criminal Integral, con el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón. En esa ocasión, cada una de las instituciones involucradas se comprometieron a presentar propuestas para mejorar dicha Política Criminal, en lo que respecta al manejo del sistema penitenciario, sistema penal y sistema de seguridad en general”.

Asimismo, recordó la decisión adoptada en la sesión plenaria del 17 de julio de 2024, que consistió en “remitir para conocimiento de los ministros el borrador del proyecto ‘Lineamientos para un Plan Nacional de Política Criminal’, elaborado por la OTP. Dicho documento fue remitido al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia, dado que los organismos rectores de la Política Criminal del Estado son el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.

“En respuesta al plan remitido, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, brindó recomendaciones relacionadas con el sistema penitenciario que deben ser incluidas en este plan. Actualmente, estamos trabajando con el Ministerio de Justicia en estrategias de depuración y descongestión del sistema penitenciario”, afirmó.

En este contexto, la ministra Llanes Ocampos afirmó que uno de los factores que fortalecen el crimen organizado es el hacinamiento y la reclusión de personas por delitos primarios, ya que muchas de ellas terminan siendo cooptadas por estas redes criminales.

Finalmente, indicó que se mantiene una mesa de trabajo permanente con el Ministerio Público para definir criterios de aplicación dentro de la justicia penal especializada. En este punto, destacó la conformación de los Juzgados Especializados en Delitos Económicos y Crimen Organizado, establecidos en mayo y junio de 2020, según lo dispuesto en la Ley N.º 6379/2019. Estos juzgados permiten una respuesta más efectiva y especializada ante este tipo de delitos. “Desde entonces, se han realizado los llamados correspondientes, y el Consejo de la Magistratura ha implementado formaciones y capacitaciones para los postulantes a la justicia especializada”, concluyó.