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Corte Suprema de Justicia

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27 DE DICIEMBRE DE 2024

EN LA SALA DEL PLENO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN

Autoridades judiciales mantuvieron audiencia con el contralor de la República

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera; los vicepresidentes primero y segundo, doctores Gustavo Santander Dans y Alberto Martínez Simón, respectivamente; y los ministros doctores Carolina Llanes Ocampos, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón recibieron este viernes 27 de diciembre al representante de la Contraloría General de la República, doctor Camilo Benítez.

En la ocasión debatieron sobre puntos relacionados con la creación del Consejo Nacional Anticorrupción para que todos los poderes del Estado consensúen la política de integridad, en el marco de la promulgación de la Ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”, cuyo eje principal es la lucha contra este flagelo y otros delitos relacionados.

En este contexto, los ministros de la Corte Suprema resaltaron que desde el Poder Judicial se reflejará el firme compromiso para combatir esta problemática y promover los principios de transparencia e integridad.

Por su parte, Camilo Benítez, contralor de la República, expresó que “la Ley del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, tiene como propósito promover y/o regular un Consejo Nacional de Anticorrupción, y uno de los miembros del mencionado Consejo es el Poder Judicial. Estamos haciendo visitas a todos los titulares, la idea es interiorizar y trabajar en conjunto sobre el plan estratégico”. 

Alegó además que el Poder Judicial es clave para el buen funcionamiento de esta estrategia y que existe experiencia en materia de transparencia e integridad en esta institución. “Más que aportar, vamos a poder aprovechar la experiencia que tienen los miembros de la Corte Suprema para la planificación de la estrategia para los próximos tres años”, explicó.

Cabe destacar que esta ley propone una política pública que establece diversas acciones para promover la integridad, la transparencia gubernamental y la gestión pública eficiente en todos los sectores de la sociedad. 

Asimismo, incluye la detección de casos de corrupción pública y su derivación a los organismos de persecución penal.

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