El ministro Ríos resaltó la importancia de este proyecto, subrayando que se enfoca en lograr una justicia ambiental eficaz, particularmente en el contexto de los numerosos problemas agrarios que enfrenta el Paraguay. Asimismo, destacó el compromiso de garantizar y complementar los procesos constitucionales, penales y administrativos mediante la implementación de normas legales que contribuyan a la protección efectiva del medio ambiente.

Por su parte, el director de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, Abg. Gerardo Morales, explicó en conferencia de prensa que, el anteproyecto de ley cuyo análisis técnico se solicita, incorpora la jurisdicción especializada ambiental, establece su competencia y los procedimientos específicos, para la resolución de conflictos en materia de hechos punibles ecológicos, así como lo relativo a daños ambientales, su indemnización y recomposición, entre otros.

Morales también recordó que, como área de apoyo jurisdiccional dependiente de la Corte Suprema, están calificados para coadyuvar en todo lo necesario, emitiendo los dictámenes necesarios, como oficina técnica en el área correspondiente, sujeto a previa autorización, de la máxima instancia judicial. “El equipo técnico, conformado por ingenieros y licenciados en medio ambiente, brindará sus pareceres científicos”, afirmó.

Tras la reunión, el diputado Vera Bejarano destacó la apertura del ministro Ríos y señaló que se inicia un nuevo proceso con el objetivo de dotar al proyecto de ley de la mayor racionalidad jurídica, ambiental, social y agraria, buscando su aceptación por todos los sectores de la sociedad para cumplir con los objetivos planteados.

El diputado también destacó que Paraguay enfrenta conflictos de tierras de larga data, y que la creación de este fuero especializado brindará una oportunidad para abordar eficazmente las cuestiones agrarias y ambientales. “La idea es buscar una justicia agraria y ambiental en nuestro país, con un fuero especializado que cuente con un marco jurídico adecuado, incluyendo un Código Procesal, tribunales y juzgados competentes para resolver conflictos de tenencia y ocupación de tierras, problemas de límites, uso racional de tierras y técnicas de cultivo, entre otros”, explicó.

Cabe recordar que este proyecto fue inicialmente presentado en 2016 y, en la actualidad, se busca optimizar su contenido y promover la participación de las instancias pertinentes.