Inicialmente la doctora Llanes dijo “estoy en un rol difícil al ser cabeza de la Sala Penal, no obstante, desde el 2019 que me reincorporé al sistema de justicia, estamos trabajando en el apuntalamiento y análisis crítico del sistema, en la necesidad de hacer ajustes, si hay errores se busca el mejoramiento, y en ese contexto estamos trabajando, nos organizamos a través de oficinas técnicas con el objetivo de verificar el procedimiento”. 

Abordó sobre las principales distorsiones en la aplicación del sistema procesal penal, a lo que refirió “sin que mi crítica tenga algún desmedro en relación al esfuerzo de muchos, la implementación del sistema no fue monitoreada en todas sus fases, había que fortalecer a los nuevos órganos jurisdiccionales e ir corrigiendo los errores”.

Prosiguió relatando que “la utilización irracional del tiempo, que sumado a los casos que ingresan, lo único que ocasiona es el congestionamiento del despacho, del sistema penitenciario, anulando toda posibilidad de reinserción y demás”. 

Igualmente comentó que la sentencia termina siendo una transcripción exacta, por ende un razonamiento ínfimo del juez, pero hizo hincapié en que hay muchas sentencias muy buenas.

Por lo dicho, resaltó que más allá de las innovaciones normativas inspiradas en modelos y humanistas que en su momento fueron consideradas una reivindicación histórica y un salto de calidad en la justicia penal, lamentablemente se han reinstalado prácticas autoritarias contrarias al diseño constitucional legal, como ser el abuso de la prisión preventiva, la indolencia en la aplicación de plazos y formas, la escrituración de la realidad, el abuso de la virtualización de las audiencias, entre otros.

Detalló que mediante un informe, la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTICS) de la CSJ comunicó que las audiencias virtuales incrementaron considerablemente. Informó que en 2019 se llevaron a cabo 105 audiencias, teniendo en cuenta el periodo pre pandemia y mediante la ley Samura, prosiguió comentando que en el 2020 hubo 5.434, al año siguiente se procesaron 19.841, y finalmente 21.939 entrevistas en el 2022.

La doctora Llanes aclaró “no pretendo desconocer la importancia de las audiencias en la pandemia, igual se trabajó, y se felicita a los jueces, operadores y funcionarios, pero la excepción se convirtió en la regla, los tribunales siguen haciéndolo de forma telemática y eso no puede ser, porque se sacrifican los principios propios del sistema oral”.

Habló sobre el panorama real y las acciones de la CSJ ante lo expuesto, por lo cual acotó “somos conscientes de los ajustes que deben hacerse, luego de verificar las herramientas y no desecharlas, promover reformas estructurales”.

En ese sentido, comunicó que las oficinas técnicas se reactivaron para apuntalar y que están conformadas por magistrados que analizan las cuestiones controvertidas que se presentan en la aplicación del proceso penal y plantean propuestas a la CSJ para el reencauzamiento del sistema.

La ministra Llanes además resaltó que el PEI de la CSJ aplica acciones concretas sobre la aparición de la criminalidad organizada, que afecta al Estado paraguayo y a la región.

Por lo cual destacó que la institución judicial ha participado desde el inicio en la elaboración de anteproyectos en el contexto de este compromiso internacional, a los efectos de dotar de mayor fuerza a la prevención y al combate del flagelo señalado.

Informó que en el 2019 se creó la Unión Contra Crimen Organizado, luego los Tribunales para la competencia Penal Especializada.

Mencionó además que es parte de las estrategias y acciones de la CSJ para fortalecer el sistema penal, además de dotar de insumos necesarios básicos, y el trabajo en conjunto con el Consejo de la Magistratura para incorporar 13 jueces más del fuero.

La ministra Llanes concluyó expresando que “el sistema penal es responsabilidad de la sociedad también, la cual se debe mantener atenta y crítica”.