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28 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTRE LA CSJ, MINISTERIO DE HACIENDA Y SINDICATURA DE QUIEBRAS

Suscribieron convenio para el fortalecimiento de la Justicia de Paz

Con la finalidad de ceder propiedades al Poder Judicial y poder ampliar la cobertura de los servicios, este miércoles 28 de diciembre el vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia, Alberto Martínez Simón, los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y César Diesel, suscribieron el acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia, la Sindicatura General de Quiebras y el Ministerio de Hacienda. Cabe resaltar que participaron de la firma los titulares de las instituciones mencionadas, Oscar Llamosas y Felipe Huerta. La actividad se desarrolló en la sala del Plenario en Asunción.

El presente convenio expresa el interés común y la conformidad de las partes de proveer, conforme a las disponibilidades patrimoniales del Estado y en la medida que se presenten, bienes e inmuebles que puedan ser utilizados como sedes de Juzgados de Paz.

Las instituciones acuerdan iniciar un proceso de fortalecimiento de los Juzgados de Paz, que, en este acuerdo específico, comprenderá los Juzgados de Paz de San Roque y La Encarnación. Este acuerdo beneficiará a la ciudadanía en general, garantizando el derecho al acceso a la justicia, siendo esta de rango constitucional.

En una entrevista para la TV Justicia, el titular del Ministerio de Hacienda, Oscar Llamosas, explicó que el convenio básicamente se refiere a la cesión de parte del Estado paraguayo de una propiedad a la Corte Suprema de Justicia dentro de un contexto de apoyo del Poder Ejecutivo al fortalecimiento institucional.

Mencionó que “por un lado siempre estamos acompañando del lado financiero, pero también da esta coyuntura, siempre compleja, donde los recursos son insuficientes, también vemos otras opciones. y esta es una de ellas: ir cediendo propiedades que están a nombre del Estado paraguayo y así ayudar al Poder Judicial para ampliar su cobertura”.

Acompañaron el acto Fernando Benavente y Fernando Cubilla, de la Abogacía del Tesoro, dependiente del Ministerio de Hacienda.

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