Al acto central también asistieron representantes del colegio San José de la capital, donde Pecci cursó sus estudios. Asimismo llegaron hasta el lugar sus excompañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Al ser consultado por los periodistas, el ministro Martínez Simón respondió que tanto él como sus colegas siguen consternados por el triste suceso; que la situación obliga a estar en alerta, a repensar todos los sistemas de seguridad para los operadores de justicia y ajustar la seguridad institucional que se brinda a los jueces y a los fiscales, agregando que ello “implicará dialogar con representantes de los otros poderes del Estado, en especial con el Poder Ejecutivo, que es el coordinador de los servicios de seguridad pública”.

Siguiendo con la entrevista en el lugar del acto, el vicepresidente de la máxima instancia judicial destacó la gran labor desempeñada por el fiscal Pecci y el sacrificio que tuvo que hacer debido al trabajo que llevaba adelante, acotando que ello “debe inspirar valentía y coraje a los operadores de justicia para seguir en la lucha”.

Refirió que de ahora en más se debe replantear cuál será la estrategia de combate al crimen organizado. Sostuvo que se está ante un escenario nuevo, ya que esta es la primera vez que sesgan la vida de un fiscal por la labor que estaba realizando. Pidió que “su vida y su muerte nos dejen un legado, una enseñanza, y seamos dignos del trabajo que nos corresponde desempeñar”.

Por su parte el doctor Jiménez Rolón, en el momento de ser consultado por la prensa, dijo que lo ocurrido significó un golpe muy duro y que acompañar la marcha es lo menos que uno puede hacer en homenaje a la valentía de un fiscal ejemplar. “Lo conozco hace mucho tiempo y conozco también sus inquietudes y preocupaciones por mejorar el servicio de justicia en el Paraguay”, indicó.

Los medios que realizaron la cobertura en el lugar recordaron que la Corte Suprema de Justicia había resuelto, en sesión plenaria, extender la invitación para una reunión entre los integrantes de la máxima instancia judicial y los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo a fin de conformar una comisión interinstitucional que tenga como primer objetivo el análisis de la seguridad de los operadores del sistema judicial y la seguridad del país.