Respecto a las credenciales anteriores, cuyo sistema era en formato papel y sin respaldo en el mismo de documentación alguna del profesional, vale decir que el único servicio que se prestaba era el de refrendar en un cartón que el portador era profesional. Desde el año 2018 la Secretaría General empieza a pergeñar un proyecto de renovación de todo lo atinente a los auxiliares de justicia, ante las recurrentes quejas de justiciables quienes perdían contacto con sus representantes o inclusive casos de adulteración de las credenciales con posteriores procesos penales abiertos a consecuencia de ello.

Se diseña en consecuencia un nuevo método en el que el actor principal es todo un sistema informático destinado a contener, ordenar y disponibilizar absolutamente toda la información profesional de los 55.803 abogados, 3.794 oficiales de justicia, 3.275 peritos, 1.155 traductores, 1.201 escribanos, 179 rematadores y 18 procuradores, registrados hasta la fecha, en todo el territorio nacional. El “carnet” pasa así a ser un actor secundario o accesorio en la gestión de la identidad del profesional.

En atención a la prudente política de racionalización decretada por la Corte Suprema de Justicia desde el año 2019, se debió investigar otra forma de financiamiento de dicho proyecto que no impactara en las finanzas de la institución (Fuente 10), máxime dados los costos que implicaría montar una estructura operativa/tecnológica para la cual la institución no se encuentra a la fecha en condiciones de soportar.

Se procedió entonces, luego de numerosos vaivenes técnicos a diseñar un sistema que se implementa por primera vez en la historia de la institución, realizando un llamado a Licitación Pública Nacional a fin de verificar si existía alguna empresa en el sector privado que estuviera en condiciones de diseñar e implementar el nuevo sistema, bajo una modalidad Llave en Mano, dándose la máxima participación de conformidad con la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.

En total las empresas y personas interesadas realizaron 37 consultas sobre diversas áreas del proyecto, las cuales fueron todas respondidas acorde a lo que se puede constatar al revisar en el Portal de Contrataciones Públicas para la “Adjudicación de la Licitación N°360284 del 2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA EL REGISTRO, CONTROL Y EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA AUXILIARES DE JUSTICIA CON SISTEMA DE CODIFICACIÓN QR - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.” al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=360284&page=

De todas las potencialmente interesadas, se presentaron a la visita técnica algunas de ellas, entre las que se encuentran Artes Gráficas Zamphiropolos, Segel Logistica o Datalab S.A. acorde a las constancias de visita e inspección.

Finalmente se presentaron con el cumplimiento de los requisitos formales básicos a tal efecto 3 empresas: VTG S.R.L., Black Tie Service S.R.L. y Segel Logística S.A., siendo adjudicada la firma Black Tie Service S.R.L. en atención a que la misma presentó una propuesta lo más acorde posible a lo que se solicitaba, esto es, el diseño y puesta en marcha de todo un sistema informático de registro que incluyera la digitalización de toda la información obrante en los archivos de la Secretaría, mientras que las otras dos empresas propusieron únicamente un servicio que se centraba en la provisión de credenciales, como fuera en el sistema anterior.

Sumado a aquello, que los adjudicados presentaron un precio unitario inferior al precio de referencia, mientras que las otras dos empresas presentaron un precio que superaba al referencial, se resolvió adjudicar a dicha firma el contrato por estos dos motivos, esto es, más barato y mejores condiciones para proveer lo que se requería.

Dado que uno de los motivos que encarecen el costo del servicio (en comparación con el precio anterior por las credenciales de cartulina) es la utilización de servidores privados. Se diseñó una estructura de costos que incluyera un incremento en el precio final que será destinado a una cuenta a ser utilizada para suplir dicha deficiencia. En otras palabras, el nuevo precio estará financiando ya la adquisición de equipos necesarios para que, a futuro, el propio Poder Judicial pueda prestar el servicio por sí mismo, sin necesidad de recurrir al sector privado. Finalmente cabe acotar que el costo de cada nueva matrícula se abonará una vez cada 5 años, lo que se traduciría en un costo de Gs. 30.000 por año para el profesional, y que se dispuso el plazo de un año para la reinscripción, no debiendo ser obligatoriamente inmediata.

Finalmente, no resulta ocioso resaltar que el costo anterior de los “carnets” era de (1) un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas, abonados a cambio de una credencial en formato papel sin mayores prestaciones, mientras que el nuevo registro con todos los beneficios de disponibilidad de información oficial (24/7), transparencia (Ley N° 5282/14), accesibilidad –tanto para el futuro contratante, así como para autoridades en general- y suma practicidad en su uso, tendrá un costo de 1,78 jornales, teniendo un incremento de 0,78 jornales. Pasando de Gs. 84.340 a Gs. 150.125 por los motivos precedentes.