El ministro de Justicia, Éver Martínez, fue el encargado de las palabras de apertura. Destacó que la intención del seminario es “exponer las ventajas de la adecuada implementación del modelo de Justicia Restaurativa en Paraguay; las experiencias de países que llevan un camino andado en la materia y generar además un debate con activa participación de los órganos estatales que interactúan en las diversas etapas de la aprensión de los menores en conflicto con la ley penal”.

La ministra Alicia Pucheta, presidenta de la máxima instancia judicial, manifestó sentirse muy involucrada en el área de la niñez y adolescencia y penal juvenil. “Es así que hemos visto cómo ha ido evolucionando sobre todo el concepto de lo que es la justicia en aquellas personas no adultas que se encuentran en estado de formación”, puntualizó.

Igualmente, señaló que muchas veces se deja que el Estado en particular se haga cargo de esa responsabilidad, por lo que remarcó que la familia, la sociedad y el Estado deben ser los encargados de involucrarse en la implementación de la justicia restaurativa.

Por su parte, el embajador de España en Paraguay, Diego Bermejo, mencionó los objetivos principales a ser logrados. “En primer lugar, la justicia restaurativa busca que el adolescente asuma su responsabilidad y busque la reparación del daño ocasionado por sí mismo; en segundo término, que la misma se convierta en una herramienta complementaria y no alternativa del derecho penal tradicional; y, por último, que el sistema de justicia penal juvenil se restablezca mediante la especialización técnica de todos los factores intervinientes y que la comunidad participe en el proceso de reinserción del adolescente”.

Posteriormente, las disertaciones estuvieron a cargo de la magistrada especialista en menores Concepción Rodríguez González Del Real y el psicólogo Santiago Madrid.

Asimismo, estuvieron participando de la charla la vicepresidenta de la máxima instancia judicial, doctora Miryam Peña, la doctora Selva Morel, defensora general adjunta; doctor Ricardo Merlo, fiscal adjunto; y Cristina Aldana, coordinadora de la Fundación Española del Paraguay. Además, asistieron autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP), jueces, fiscales, defensores públicos, equipos técnicos y funcionarios de instituciones del Estado.