10 DE MARZO DE 2015
DURANTE PLENARIA DE LA CORTE
Ministro Blanco presenta informe sobre juicios ejecutivos
El ministro Sindulfo Blanco elevó a la Corte Suprema de Justicia el resultado de un trabajo de investigación respecto de actuaciones formalizadas por abogados ante los juzgados de Paz de Areguá, Luque y Capital, relativas a juicios sustentados supuestamente en pagarés al portador.
El trabajo de investigación fue realizado en forma conjunta por la Dirección de Auditoría Interna, Contaduría de los Tribunales y Auditoría de Gestión Jurisdiccional. En dichos juicios ejecutivos, sustentados supuestamente en pagarés al portador, las características preponderantes en todos y cada uno de ellos son:
El mismo deudor se caracteriza por ser docente al servicio del Ministerio de Educación y Cultura, con la particularidad de supuestamente haber emitido un pagaré que habría sido utilizado para distintas demandas mediante el ardid de retirar el documento original, previa certificación por el actuario en las fotocopias. Luego, el mismo pagaré resulta ser presentado en otro Juzgado de Paz para otro juicio, procedimiento que permitiría multiplicar embargos, agobiando al deudor por encima de su obligación real y por encima de su capacidad de pago. El otro procedimiento es la suscripción de varios pagarés de igual monto presentándose en distintos juzgados de Paz para su ejecución.
El informe indica que con los siguientes procedimientos “el fuero jurisdiccional no se habría determinado según la ley, sino según capricho del acreedor. Además, se ha evitado el pago de tasas judiciales sobre cuantiosas bases imponibles. Aparentemente, el sector más afectado por estas prácticas, que en principio aparecen como irregulares e inmorales, es un sector económico muy sensible de la población, el docente. Están en juego cuestiones tributarias, penales, disciplinarias y de protección a la moral pública, así como también derechos subjetivos públicos, de modo que los indicios graves, precisos e inconcordantes inducen a pensar que en el evento debieran tener intervención la Fiscalía General del Estado, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la sección Tasas Judiciales del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría General”.
Se aclara que el resultado de esta investigación que se iniciara en el mes de octubre de 2014 complementa la que actualmente está en curso de realización por las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma, de modo que el escenario es mucho más amplio de lo que la opinión pública pueda imaginar.
Adjuntados a la nota, se incluyen informes de:
El mismo deudor se caracteriza por ser docente al servicio del Ministerio de Educación y Cultura, con la particularidad de supuestamente haber emitido un pagaré que habría sido utilizado para distintas demandas mediante el ardid de retirar el documento original, previa certificación por el actuario en las fotocopias. Luego, el mismo pagaré resulta ser presentado en otro Juzgado de Paz para otro juicio, procedimiento que permitiría multiplicar embargos, agobiando al deudor por encima de su obligación real y por encima de su capacidad de pago. El otro procedimiento es la suscripción de varios pagarés de igual monto presentándose en distintos juzgados de Paz para su ejecución.
El informe indica que con los siguientes procedimientos “el fuero jurisdiccional no se habría determinado según la ley, sino según capricho del acreedor. Además, se ha evitado el pago de tasas judiciales sobre cuantiosas bases imponibles. Aparentemente, el sector más afectado por estas prácticas, que en principio aparecen como irregulares e inmorales, es un sector económico muy sensible de la población, el docente. Están en juego cuestiones tributarias, penales, disciplinarias y de protección a la moral pública, así como también derechos subjetivos públicos, de modo que los indicios graves, precisos e inconcordantes inducen a pensar que en el evento debieran tener intervención la Fiscalía General del Estado, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la sección Tasas Judiciales del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría General”.
Se aclara que el resultado de esta investigación que se iniciara en el mes de octubre de 2014 complementa la que actualmente está en curso de realización por las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma, de modo que el escenario es mucho más amplio de lo que la opinión pública pueda imaginar.
Adjuntados a la nota, se incluyen informes de:
- Auditoría de Gestión de los procesos de juicios ejecutivos en el Juzgado de Areguá.
- Auditoría de Gestión de los procesos de juicios ejecutivos en el Juzgado de Luque.
- Expedientes Abog. Lourdes Duré – Matrícula CSJ N° 10.597.
- Informe Año 2010 – Abogado Alipio Orella – Juez, firma la actuaria María M. Giménez de Espínola.
- Juicios varios. Alex SA, Abogado José Cantero, Mat. CSJ N° 17.018. Comaco SRL, Abog. Milciades Toledo, Matrícula CSJ 13.510.
- Orlando Silvano Ferreira Suárez.
- Reimpez, HR Comercial SRL, Cooperativa Luque Ltda., Gran Azul y Oro SA, Casa Arce SRL.
- Orlando Silvano Ferreira Suárez.
- Lourdes Duré.
- Megared de Ideas y Negocios, Arnaldo Daniel Baeza.
- Arnaldo Daniel Baeza.
- Orlando Silvano Ferreira Suárez (1).
- Orlando Silvano Ferreira Suárez (2).
- Comaco SRL (1).
- Comaco SRL (2).
- Alex SA.
