De acuerdo al documento aprobado, tiene por finalidad indicar los valores que los funcionarios deben observar en su modo de ser y actuar, así como en su condición de servidores públicos. Asimismo, estipula regular los deberes éticos de los mismos en el cumplimiento de sus funciones o cuando denoten su calidad de funcionario, con el fin de crear, mantener, fortalecer e incrementar la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

El código, que es de aplicación obligatoria para todos los funcionarios, es decir, permanentes, contratados y pasantes, contiene aspectos relacionados a las disposiciones orgánicas, las normas procesales y efectos de la resolución del Tribunal de Ética, entre otros aspectos.

Las medidas contenidas en las normas del código son independientes de las sanciones disciplinarias, administrativas o de cualquier sanción legal, y tampoco será admisible ningún tipo de acción ante órganos jurisdiccionales buscando dejar sin efecto decisiones de un proceso de responsabilidad ética.

La aplicación de las normas se realizará coherentemente con el principio de irrestricto respeto a los derechos constitucionales de los destinatarios del código, en especial el derecho a la expresión de la personalidad y el derecho a la intimidad.

El documento entrará en vigencia el 1 de abril de 2014. En ese sentido, se aclara que las conductas que pudieran considerarse violatorias del mencionado código y que se hayan registrado antes de la fecha indicada, no podrán dar origen a ningún juicio de responsabilidad ética.

Al respecto, la Oficina de Ética Judicial será la encargada de coordinar las acciones para la capacitación de los funcionarios sobre el documento aprobado, así como la difusión, entre todos los actores del sistema de justicia, de los principios y valores del citado código.

Se aclara igualmente que quedan exceptuados los jueces y juezas, cualquiera sea su grado o fuero, ya que los magistrados se rigen por las disposiciones del Código de Ética Judicial.