El padre José Antonio Rubio y Sócrates Garcete fueron condenados a 5 años y 6 meses de pena privativa de libertad, en la causa por el desvío fondos de la Unión Europea de más de G. 14 mil millones del Proyecto Ysaka. Por su parte en carácter de complicidad Rubén Ramírez Cataldo fue sentenciado a 4 años y 6 meses de pena carcelaria.

Las magistradas explicaron que durante el juicio oral se probó plenamente el desvío de los fondos del Proyecto Ysakã, destinados a la construcción de 50 pozos artesianos para comunidades rurales de escasos recursos. Las juezas declararon reprochable la conducta del padre Rubio y de Sócrates Garcete, en calidad de autores del hecho punible de lesión de confianza grave, y de Ramírez Cataldo, en calidad de cómplice

Los tres sentenciados por el desvío de fondos de un programa de ayuda social financiado por la Unión Europea (UE) en el 2004 seguirán con arresto domiciliario hasta tanto quede firme la sentencia.

La Fiscalía había solicitado diez años de cárcel, la máxima pena para ese delito, para Rubio y Garcete, y seis años para Ramírez Cataldo, y a esa petición se adhirieron los abogados de la UE, que participó en el proceso como acusación particular.

La fiscala Victoria Acuña acusó a los procesados de haber desviado los recursos a través de la Fundación María Gloria, con sede en Panamá, y administrada por Ramírez Cataldo. El sacerdote español, seguirá en prisión domiciliaria en la Casa Parroquial de la Orden Salesiana de Asunción.

Previamente, Rubio, de 61 años, declarado culpable por el desvío, en 2004, su abogado defensor, Jorge Bogarín insistió que su defendido fue engañado por Ramírez Cataldo, y que cuando fue procesado regresó voluntariamente de España para someterse a la justicia.

El sacerdote español tras conocer su condena dijo a la prensa que, no está de acuerdo, con la sentencia pero que acata el criterio del tribunal. El religioso una vez más insistió en su inocencia. “Jamás me he quedado con un solo guaraní del pueblo paraguayo”, aseveró.

Cabe recordar que en otro proceso, cuyo inicio está previsto para el 2 de octubre próximo, el religioso está acusado de la "sobrefacturación" de 700 millones de guaraníes  en la construcción de nueve pozos pilotos construidos en el mismo proyecto financiado por la UE.