Del acto desarrollado en la víspera participó la ministra de la Corte Suprema de Justicia doctora Alicia Pucheta de Correa, la magistrada, integrante de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doctora Zarela Villanueva; la ministra de la Secretaría de la Mujer, Gloria Rubin; la camarista y responsable de la Secretaría de Género, doctora María Mercedes Buongermini; la comisaria de la Policía Nacional Marina Franco, además de magistrados, funcionarios y público en general.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la ministra Pucheta, quien manifestó la importancia del encuentro y agradeció a todos los presentes por su participación e interés.

“Aprovecho la ocasión para agradecer a los magistrados y magistradas, defensores, defensoras, integrantes de la Policía Nacional, de la Dirección de Derechos Humanos, funcionarios y funcionarios, por decir presente en este encuentro en que trataremos este tema que tanto se necesita”, manifestó la ministra Pucheta.

El taller continuó con la presentación de la magistrada de Costa Rica Zarela Villanueva, quien en la ocasión expuso sobre los logros obtenidos mediante el trabajo realizado en su país en materia de acceso a la justicia.
 
Villanueva presentó la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) utilizada en Costa Rica, la misma tiene la característica de tener iguales programas de acceso.

También expusieron representantes de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Oficina de Facilitadores Judiciales.

Recordemos que el trabajo desarrollado a nivel de Iberoamérica busca lograr la confianza pública en la Justicia impulsando la eficacia, eficiencia, satisfacción, transparencia, honradez e imparcialidad.

La confianza en la Justicia implica conseguir que las personas usuarias del sistema sientan la Administración de Justicia como una institución de fácil acceso, humanizada y de la que reciban el servicio que esperan. Su intervención debe representar un camino efectivo para que las violaciones a los derechos de las víctimas tengan reparación.