El documento señala que, el segundo capítulo es aplicable a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que han de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de sus derechos. Además, se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad.

Consta de 6 secciones que abarcan temas como, cultura jurídica, asistencia legal y defensa pública, derecho a intérprete, revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia, medios alternativos de resolución de conflictos y el sistema de resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, fue el primer órgano judicial parte de las Cumbres Judiciales que aprobó la implementación de las 100 Reglas de Brasilia a través de una acordada. Estas Reglas fueron elaboradas en el 2008 durante la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia del que participaron países como Costa Rica, Andorra, España, Cuba, Portugal, República Dominicana, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, y Paraguay que es el primero en implementarlo internamente a través de la acordada 633.