La autoridad judicial justificó su participación durante el conflicto en la zona de Ñacunday, indicando que lejos de ser una actitud populista, la ministra actuó en representación de la Corte Suprema de Justicia, por ser superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, para intentar interiorizarse sobre el problema, además la Dirección de los Registros Públicos forma parte del Poder Judicial.

“Sería una irresponsabilidad no interiorizarse de los problemas que afectan a dicha Circunscripción Judicial del país, más aún cuando se trata de un conflicto de campesinos con productores brasileños, afincados en la zona que tiene resonancia nacional” reza uno de los párrafos de la nota.

Igualmente, desmiente que los abogados Luis Alberto Bertón Planás y Osvaldo Granada Salaberry hayan solicitado audiencia en la secretaría de su gabinete, ya que existió un protocolo para dicho efecto, y “extraña de sobremanera que el mismo abogado denunciante se califique como profesional con trayectoria y que desconozca la vigencia del Código de Ética Judicial, que prohíbe al juez (incluidos ministros de la Corte) recibir en audiencia privada en su despacho a una de las partes, o sus representantes, sin la presencia de la parte contraria para tratar cuestiones vinculadas con los litigios.

“Con las declaraciones realizadas líneas arriba, se puede verificar claramente la falsedad de la información o distorsión de la misma formulada  por el abogado Osvaldo Granada Salaberry contra la personas de esta ministra, esperando de los responsables de este medio la divulgación de estas explicaciones por el mismo medio y en las mismas condiciones que hayan sido divulgadas las manifestaciones injuriosas” finaliza el texto.