Hoy se realizó una conferencia de prensa sobre la puesta en vigencia de la acordada disciplinaria del Poder Judicial, y que contó con la participación del Superintendente General de Justicia, Rafael Monzón; y los titulares de las direcciones de Auditoría de Gestión Judicial y de Auditoría Interna, Mario Elizeche y Miguel Basualdo, respectivamente, a más del director de Comunicación, Luis Giménez.

 

La aprobación de esta acordada surge de la facultad de la Corte Suprema estipulada por la propia Constitución de establecer su propio reglamento. Esto va en concordancia con la Ley Nº 609, que también dice que la Superintendencia del máximo tribunal  ejerce su competencia sobre jueces, funcionarios, auxiliares de Justicia (entre ellos abogados, escribanos y rematadores públicos).

 

“A partir de la promulgación de esta acordada, los hechos que constituyen faltas administrativas, ya sean cometidos por jueces, funcionarios o auxiliares de Justicia; se encuentran debidamente tipificados, y a cada tipificación corresponde una sanción aplicada a principios de proporcionalidad y el respeto al debido proceso” indicó, el doctor Mario Elizeche.

 

Agregó que los poderes que antes tenía la Corte de sancionar a cualquier persona, ahora están reducidos, en el sentido que la conducta desplegada por el funcionario o por el sujeto disciplinario debe estar específicamente prevista dentro de la acordada disciplinaria.

 

“Lo que se busca con esto es proteger nuestro mandato constitucional que es el de la administración de Justicia. Nosotros somos los encargados de cumplir con un principio que es el de la tutela jurisdiccional efectiva, es decir todo ciudadano que tiene un problema de carácter jurisdiccional tiene el derecho a que los tribunales dicten una sentencia resolviendo ese problema” afirmó, el doctor Elizeche,

 

Añadió que “hay problemas de disciplina tanto de jueces morosos, funcionarios haraganes y abogados que buscan desviar el proceso de su debido cause que es esta resolución de conflictos. La acordada no limita el ejercicio de la defensa, solo busca que este derecho sea limpio, no ataque al otro mandato constitucional que es el de hacer Justicia y por eso buscamos que el proceso sea llevado dentro de causes de la buena fe y del debido proceso, y no plantear acciones para perder tiempo o a los efectos de extinguir las causas penales, eso es lo se está buscando proteger con esta acordada” indicó.

 

Por su parte, el superintendente general de Justicia Rafael Monzón, hizo hincapié a la necesidad de que la ciudadanía conozca este reglamento, y por ello invita a todas las personas a descargar el documento desde el sitio web del Poder Judicial.