El informe sobre la investigación realizada a los camaristas que pretendían inscribir títulos falsos en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) fue elevado a la Corte Suprema de Justicia, el documento fue elaborado, por la Dirección de Auditoria de Gestión Judicial; solicitando medidas disciplinarias para los involucrados, sobre los actos caratulados como “Recurso de Apelación Interpuesto por Joao Oliveira Medeiros y Darío Jacinto Peralta contra Providencia dictada por la DGRP”.

Los magistrados investigados son los miembros del Tribunal de Apelación en la Civil y Comercial, Tercera Sala, conformado por los doctores Neri Villalba, Óscar Paiva Valdovinos y Juan Carlos Bordón. El documento aclara que la Dirección de Auditoria de Gestión Judicial solo tiene competencia para ejercer control sobre la tramitación de los procesos y el cumplimiento de los plazos procesales, por este motivo, no puede emitir opinión sobre fallos judiciales, sin embargo en este caso existen cuestiones de hecho y de derecho, que afectan la debida tramitación del proceso.

Igualmente, expresa que en base al informe del Presidente del citado Tribunal de Sentencia, se puede concluir que el Tribunal de Apelación, Tercera Sala fundamentó su decisión en la convicción errónea de que Joao Oliveira fue sobreseído en un proceso penal por producción de documento falso, otorgando al cuestionado expediente, una certeza indiscutible sobre su validez, sin tomar en cuenta que se encuentra pendiente de resolución en un juicio civil sobre nulidad.

Argumenta, que una sentencia absolutoria en un proceso Penal en caso de no comprobarse la autoría de la persona procesada, se podría asegurar la falta de pruebas suficientes para acreditarlo como el encargado de la producción de documento público de contenido falso, aunque con esto no se otorga validez al supuesto título irregular, debido a que el ámbito de discusión sobre legalidad del documento se produjo en un juicio Civil de Nulidad de Instrumento Público.

El responsable de la mencionada repartición, abogado Mario Elizeche manifestó que los magistrados incurrieron en irregularidades al dictar sus sentencias sobre las propiedades; por lo que se solicita al más alto tribunal del país la apertura de procesos disciplinarios para los mismos, que consistiría en sumario administrativo y en caso de confirmarse su culpabilidad, serán objetos de una sanción más severa. Asimismo, se recomienda la remisión del informe a la Oficina de Quejas y Denuncias de la máxima instancia judicial y su posterior derivación a la Unidad de Análisis de la Superintendencia y luego enviar los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.