Ante el decreto firmado por el Poder Ejecutivo de aplicar el Estado de Excepción en cinco departamentos del país, donde se considera operan los del Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), el juez Pedro Mayor Martínez explicó los alcances de la medida y el papel que debe cumplir la justicia para evitar abusos.

 

En ese sentido, manifestó que dicho Estado de Excepción requiere de una intervención permanente del Congreso que debe controlar la existencia real de los motivos que llevan a declarar dicha medida y que en base a lo dispuesto por la Constitución nacional, las personas afectadas por la medida de rigor, es decir, aquellas, cuyas detenciones son ordenadas por el Ejecutivo se enmarcan dentro de un régimen especial.

 

Asimismo, se refirió al papel que debe cumplir la justicia para evitar abusos y sostuvo que dentro de la medida se puede ordenar la detención de las personas, pero que dichas detenciones deben tener argumentos validos y motivos razonables.

 

“Si una persona es detenida, sin motivo alguno, sin elementos que justifiquen tiene el sistema de garantías constitucionales que debe ser tramitado ante el sistema de justicia, entiéndase el hábeas corpus, donde se analiza no solo la legalidad, que puede o no de otra manera estar acompañada por el decreto que ordena la detención de la persona en cada caso, sino también de los presupuestos que motivan al Ejecutivo a detener a dicha persona” indicó, el juez  Mayor Martínez.

 

En otro momento, el magistrado aclaró que el estado de excepción solo afecta a las zonas donde fueron declaradas  y que en los demás lugares el sistema sigue funcionando normalmente.

 

Recordemos que la medida afecta a los departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraguay, Amambay y Presidente Hayes, zonas donde según el Ejecutivo operan los del Ejército del Pueblo Paraguayo.