Luego de un análisis exhaustivo del proyecto y su impacto en el sistema procesal penal, en concordancia con la Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por Paraguay, los magistrados identificaron discrepancias sustanciales entre el texto propuesto y la normativa vigente. Advirtieron que la reforma podría generar efectos adversos en la aplicación del sistema penal procesal, en especial en la persecución de hechos punibles relacionados con el crimen organizado y la corrupción. Asimismo, señalaron que la modificación de estos artículos podría comprometer la cooperación internacional, afectar el uso de técnicas investigativas especiales y alterar los principios del sistema acusatorio.

El proyecto, que planteaba cambios en los artículos 6° (inviolabilidad de la defensa), 136° (duración máxima del procedimiento) y 305° (desestimación), fue rechazado por la comisión legislativa. Al respecto, la coordinadora de la OTP, Silvana Luraghi, explicó: “En representación de la Corte Suprema de Justicia, solicitamos el rechazo del proyecto, considerando que estos tres artículos fueron estudiados de manera fragmentada y desarticulada, sin una visión sistémica del sistema penal en Paraguay.”

Agregó que las modificaciones propuestas podrían generar una crisis de impunidad al afectar los plazos de duración del procedimiento y los criterios para la extinción y prescripción de las causas, lo que también impactaría en la reparación del daño a las víctimas. “Una justicia que no está centrada en las víctimas, no es una verdadera justicia”, aseveró. 

En la sesión también participaron representantes del Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público  y del Colegio de Abogados del Paraguay.