El equipo técnico interinstitucional está compuesto por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros operadores del sistema de justicia. Este equipo recibió una lista con los casos de internas provenientes, en su mayoría, del departamento Central, así como de Asunción, para agilizar la resolución de los casos más urgentes durante el último trimestre del año.

“Nos enfocamos en mujeres embarazadas, con hijos pequeños o con enfermedades terminales graves, con el fin de acelerar los procesos según el estadio en que se encuentren,” explicó la doctora María Teresa González de Daniel, presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central. También mencionó que este plan busca reducir el elevado porcentaje de personas privadas de libertad sin condena en el país, comenzando con las mujeres y los niños, los grupos más vulnerables. Actualmente, el penal alberga a aproximadamente 500 internas, de las cuales 100 fueron priorizadas para el inicio del proceso de descongestión.

Por su parte, la jueza Silvana Luraghi, coordinadora de la OTP y miembro del Tribunal de Apelación Penal del Fuero Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos, indicó que en la “Casa del Buen Pastor” se llevarán a cabo 100 audiencias preliminares, con el objetivo de encontrar salidas alternativas al proceso y así obtener la libertad de las internas en situación de vulnerabilidad, logrando un impacto significativo en la descongestión del establecimiento. “Estamos cumpliendo con un aspecto crucial: la humanización de las cárceles, llevando a los operadores de justicia a estar en contacto directo con las internas para acelerar las audiencias,” afirmó. Luraghi añadió que en el penal hay dos internas con cáncer de cuello uterino, cuyos casos serán prioritarios para el estudio y resolución.

Lilian Luraschi, coordinadora de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia, señaló que todas las diligencias serán ejecutadas por los jueces de Ejecución antes de fin de año, con la meta de reducir la población penitenciaria. En esa línea, el juez de Ejecución Penal, abogado Carlos Mendoza, informó que ya se emitió una resolución de libertad por compurgamiento de la pena mínima para una interna, demostrando así el compromiso del sistema de justicia con los sectores más vulnerables.

El plan de descongestión está dividido en cuatro fases. La primera fase, que inició este viernes con la recepción de casos, la fijación de audiencias y las notificaciones pertinentes, culminará con la cuarta fase el miércoles 11 de diciembre, cuando se presenten los resultados al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En el acto estuvieron presentes la doctora Romina Toro, directora de Política Criminal del Ministerio Público; la jueza de Ejecución Penal contra el Crimen Organizado, Sandra Kirchhofer; el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Víctor Benítez; la comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Sonia Von Lepel; y el coordinador de Jueces de Garantías de Central, Juan Francisco Recalde, entre otros.