El proyecto de ley propone una política pública que establece diversas acciones para promover la integridad, la transparencia gubernamental y la gestión pública eficiente en todos los sectores de la sociedad. Asimismo, incluye la detección de casos de corrupción pública y su derivación a los organismos de persecución penal.

Este proyecto comprende tres ejes principales: el fortalecimiento de las bases para una cultura de integridad, transparencia y prevención de la corrupción pública; la recepción y gestión de denuncias contra funcionarios públicos; y la coordinación y formación de alianzas estratégicas con los sectores público y privado.

Cabe destacar que este nuevo diseño del proyecto incluirá representantes de los diferentes poderes del Estado y de organismos extrapoder, como la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado (Ministerio Público).

Durante una conferencia de prensa, el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, enfatizó el trabajo conjunto con el Poder Judicial y apostó por la institucionalidad. "Con esto se da un salto adelante en el manejo de la problemática; se establece una estrategia inteligente para abordar este problema", afirmó.

Por su parte, Camilo Benítez, contralor general de la República, subrayó que la mencionada ley busca enfocar la lucha contra la corrupción no solo de manera represiva, sino también preventiva. "Esto abrirá las puertas a un sinnúmero de ideas que se implementarán en todos los poderes del Estado, desde políticas mínimas de transparencia hasta políticas de integridad, como la implementación de códigos de ética y la actualización de reglamentos internos", entre otros.

La presentación de este proyecto tuvo lugar en el Salón Tirika de la Residencia Presidencial (Mburuvicha Róga).