Al inicio del encuentro, la ministra Llanes destacó que la reunión forma parte de la agenda interinstitucional para agilizar los procesos judiciales penales en los que interviene la Defensa Pública y el Ministerio Público. Resaltó la importancia de evitar aplazamientos administrativos debido a incompatibilidades en los horarios y calendarios manejados por las partes involucradas en los procesos judiciales.

La doctora Llanes informó a los presentes que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal y la Oficina Técnica Penal (OTP), tiene la intención de establecer una coordinación que permita alinear los horarios del Ministerio Público y la Defensa Pública con las audiencias fijadas por los jueces, evitando así suspensiones por incompatibilidad horaria y asegurando la continuidad de los procesos. Puntualizó que el tema se ha abordado a nivel de la Corte Suprema de Justicia, pero que las instancias operativas, como la OTP, tienen una propuesta específica que será analizada en conjunto para lograr compatibilizar las agendas.

La coordinación efectiva de los horarios entre las distintas instituciones involucradas en el proceso penal es crucial para el buen funcionamiento del sistema judicial. Las suspensiones de audiencias debido a la falta de sincronización en las agendas de jueces, fiscales y defensores públicos generan retrasos en la administración de justicia y afectan negativamente los derechos de las partes involucradas, especialmente de imputados y víctimas que dependen de una resolución oportuna de sus casos.

La implementación de mecanismos de coordinación entre el Ministerio Público, la Defensa Pública y los jueces, como los discutidos en esta reunión, busca minimizar estas suspensiones y, en consecuencia, reducir el tiempo de resolución de los casos penales. Este tipo de iniciativas no solo promueven la eficiencia del sistema judicial, sino que también refuerzan la confianza pública en la capacidad del Poder Judicial para garantizar un acceso a la justicia rápido y equitativo.

Cabe resaltar la presencia del doctor Roque Orrego, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), ONG contratada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para fortalecer el área penal y su secretaria, Ximena López. Además del doctor Javier de Jesús Esquivel González, defensor general, doctor Edgar Ríos, defensor adjunto y la doctora Silvana Luraghi, secretaria ejecutiva de la OTP.