En el marco de la reparación del daño social, la titular del Juzgado Penal de Garantías, por resolución judicial dispuso como reparación social la instalación de un laboratorio en la citada unidad académica, en pos de una seguridad en el bienestar de la salud, control de calidad de agua, suelo y afines para mejorar la calidad de vida de interés colectivo para la sociedad de dicha ciudad, teniendo como fin inmediato una vía de protección de los derechos ambientales.

La magistrada ordenó la donación de los insumos que oscila en un valor aproximado de cincuenta millones de guaraníes, en herramientas esenciales para desarrollar un conocimiento sólido y científico, generando informes técnicos para la toma de decisiones sobre el uso eficiente de los recursos naturales para la institución de referencia en materia de derechos ambientales para la sociedad.

La sentencia se produjo ante un hecho punible contra el medio ambiente en cumplimiento de la garantía constitucional de recomponer e indemnizar.