La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el habeas corpus genérico planteado por la defensa de Eugen Ernest Huterli, imputado por posesión de drogas peligrosas.  La resolución fue adoptada, teniendo en cuenta que no se constató irregularidades afectaciones a la seguridad del peticionante, tal como sostiene en su presentación la defensa.

El abogado peticionante alega que corresponde el hábeas corpus, ya que según dijo su defendido soporta prisión preventiva dispuesta por el Juzgado Penal de Garantías de Luque, sin que en dicha resolución se determine la calificación legal de los hechos que le son imputados y que tanto en primera como en segunda instancia se han omitido tal circunstancia, afectando directamente por cuanto sin que la calificación  legal le resulte imposible determinar cual es el marco penal que se espera aplicársele y que por ende se desconoce la cuantía de la pena mínima aplicable a su caso, que una vez cumplida le confiere derecho a recuperar su libertad.

Agrega el peticionante que esta circunstancia le provoca una situación de violencia síquica y moral en su condición de persona privada de su libertad y que por lo tanto requiere se haga lugar al planteamiento presentado.

Sin embargo, el ministro preopinante, Sindulfo Blanco sostiene en su argumentación que en el caso específico no se constatan graves afectaciones a la seguridad del peticionante y que lo alegado por el accionante responde a una cuestión meramente procesal, remediable por los instrumentos que la ley procesal le confiere a las partes.

Aclara, igualmente que la Sala Penal esta impedida de pronunciarse al menos por la vía intentada, y que tampoco funciona como órgano supletorio o subsidiario a las decisiones adoptadas por otros órganos  jurisdiccionales y que por lo tanto corresponde rechazar el hábeas corpus genérico planteado.

A su turno, los ministros Alicia Pucheta de Correa y Raúl Torres Kirmser se adhirieron al voto del doctor Sindulfo Blanco.

Cabe señalar que la causa abierta a Eugen Esnest Huterli se inició el 4 de junio de 2008 tras ser imputado por el fiscal David Ibarra luego de que fueran encontrados en su domicilio 11 kilos 335 gramos de marihuana distribuidos en 17 paquetes. Posteriormente, el 5 de julio del mismo año, el imputado fue derivado a la Penitenciaría nacional de Tacumbú por disposición del juzgado penal de Garantías de Luque.