Durante el uso de la palabra, la ministra Carolina Llanes detalló que “es importante destacar que las calificaciones obtenidas fueron significativas en 6 de los puntos auditados; además, desde el 2016, por medio de un decreto del Ejecutivo la CSJ, conjuntamente con los demás poderes del Estado, integra el grupo encargado de hacer el relevamiento con la finalidad de llegar a la ronda final de la evaluación”.

Prosiguió comentando que en el 2018 ante el Congreso se presentaron 12 leyes en cuya elaboración ha participado la Comisión Institucional de la CSJ, las cuales han sido estudiadas y sancionadas y, por lo señalado, Llanes agregó que “la Corte Suprema implementó de manera inmediata –sin asignación de recursos presupuestarios– la Justicia Penal Especializada, que ha dado resultados que hoy forman parte de esta evaluación”.

Así también la ministra Llanes valoró el compromiso y la colaboración de los operadores de justicia que han sido un elemento clave para demostrar el aspecto relacionado a la efectividad del país en la prevención, investigación, sanción y privación de los beneficios obtenidos de estos ilícitos, que se vinculan al logro de los resultados inmediatos como son terrorismo, su financiamiento, comiso, investigaciones paralelas, condenas y cooperación internacional.

Detalló que desde la institución, a través de la Dirección de Estadísticas, se aportó un total de 28 sentencias sobre lavado de activos correspondientes a la tipificación del Artículo 196 y 446 fallos sobre el Artículo 44 de la Ley 1340, todas analizadas y compiladas, que constituyen el primer documento sobre tipologías relacionadas con lavado de dinero en los procesos de evaluación mutua de la República del Paraguay.

Por su parte, el ministro de la Sala Penal Luis María Benítez Riera agradeció al equipo técnico del PJ que cooperó, elaboró y ayudó para el trabajo ante Gafilat, sin perjuicio de los magistrados de Alto Paraná especialmente, como también de los de la justicia especializada.

Cabe destacar que la delegación nacional contó con la participación de la Corte Suprema de Justicia y fue liderada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como también de altos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), la Subsecretaría de Estado de Tributación y el Ministerio Público. 
Por el organismo judicial participaron Claudia Criscioni, magistrada de Justicia Penal Especializada, y Mónica Paredes, directora de Cooperación Internacional.