El proyecto es ejecutado en forma conjunta entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la Wildlife Conservation Society (WCS). El taller se centralizó en la construcción de la Estrategia Nacional y la propuesta para un Plan de Acción 2022-2032, que será llevado a cabo por la República del Paraguay en el marco de los acuerdos y convenios internacionales.

La palabra de apertura estuvo a cargo del director general de Biodiversidad del MADES, Rafael Sosa, y la directora País de la WCS, María del Carmen Fleytas. Contó con la presencia de autoridades del Ministerio Público, el fiscal adjunto y fiscal delegado de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos Ambientales, Augusto Salas y Carlos Rojas, respectivamente.

Asimismo, asistieron representantes de las diferentes instituciones como el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Municipalidad de Asunción, Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, y la presencia de la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales como Guyra Paraguay, Fauna y Flora, entre otros.

Por la Corte Suprema participaron, la abogada Anaya Anais Arrúa Galván, directora de Derecho Ambiental y el licenciado Menandro Grisetti Valiente, jefe de Departamento Técnico. Cabe resaltar que el ministro responsable de la Dirección de Derecho Ambiental es el Presidente de la máxima instancia judicial, Antonio Fretes.

Durante el desarrollo se abordaron temas como el Marco Legal e Institucional a cargo del doctor Ricardo Merlo Faella, Consultor del proyecto, quién abordó la normativa nacional e internacional así como las reglamentaciones, realizando un recuento de fortalezas y debilidades del mismo.

A su vez, el biólogo Frederick Bauer, director de Vida Silvestre del MADES abordó la problemática relacionada con el tráfico, mecanismos para identificar a los infractores a través de ventas simuladas en cooperación con los órganos de control policial y judicial. Igualmente abordó que el mercado de la fauna silvestre va creciendo y posicionándose en la región, a través de la actividad ilegal.

Por último, se abarcó una mesa de trabajo interinstitucional acorde al plan de acción y las metas abordadas, dónde se identificó que la Corte Suprema se vincula con la línea de acción 1, meta 2: Fortalecimiento institucional para el control y mecanismos de sanción a delitos, lo que permitirá a través de la Dirección de Derecho Ambiental participar de la elaboración de protocolos, capacitaciones a magistrados en materia de Vida Silvestre y socialización de la normativa relacionada al tema.