El acuerdo destaca la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la seguridad jurídica, el principio de legalidad, el acceso a la justicia y a la información.

Los objetivos específicos del mencionado convenio son establecer mecanismos tecnológicos para el acceso por parte del Poder Judicial y de la Justicia Electoral a la información generada por ambas partes, bajo el respeto irrestricto a las normas de confidencialidad y a la información disponible que cada una de las partes considere pertinente.

En ese sentido, se designa a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones como dependencia encargada de su ejecución. También se establece que el acuerdo no implica transferencia de recursos económicos ni pagos de contraprestación entre las instituciones firmantes.

Este convenio especifica que las acciones serán desarrolladas en el marco de la Ley 4017/2010, “De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico”, en su modificatoria Ley 4610/12 y los Arts. 371 al 378 del Código Procesal Civil con una duración de cinco años, pudiendo ser prorrogado.