El Protocolo, publicado en el año 2016 por la máxima instancia judicial, en convenio con el Programa Proindígena de la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ) y elaborado por la doctora Esther Prieto, con la colaboración de un equipo especializado de trabajo de DD.HH., en consulta con representantes de organizaciones de los pueblos indígenas, ofrece orientaciones y directrices para la actuación de los juzgados en los procesos judiciales concernientes a personas y comunidades indígenas.

Se trata de una herramienta jurídica de acceso a la justicia, que acompañará a los jueces y operadores de la justicia para comprender y atender los casos con un enfoque de derecho, y desde el abordaje de la diversidad cultural relativa a los pueblos indígenas del país. El mismo puede descargarse del sitio web de la máxima instancia judicial: http://www.pj.gov.py/descargas/ID1-841_protocolo_de_actuacion.pdf 

En ese sentido, los derechos humanos de los pueblos indígenas son reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, aprobados por la Cumbre Judicial Interamericana y ratificados por la Corte Suprema de Justicia por Acordada N° 633/2010. A estos instrumentos se suma la jurisprudencia nacional e internacional, la que abunda en precedentes y recomendaciones para la realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La socialización, igualmente, será realizada en otras circunscripciones judiciales durante el año, a fin de que los operadores de justicia puedan tener un enfoque intercultural en las actuaciones. Se resalta que fueron invitados también representantes de la circunscripción de Boquerón.