El Protocolo, publicado en el año 2016 por la máxima instancia judicial en convenio con el Programa Proindígena de la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ) y elaborado por la doctora Esther Prieto, con la colaboración de un equipo especializado de trabajo de DD.HH., en consulta con representantes de organizaciones de los pueblos indígenas, ofrece orientaciones y directrices para la actuación de los juzgados en los procesos judiciales concernientes a personas y comunidades indígenas.

Se trata de una herramienta jurídica de acceso a la justicia, que acompañará a los jueces y operadores de la justicia para comprender y atender los casos con un enfoque de derecho, y desde el abordaje de la diversidad cultural relativa a los pueblos indígenas del país. El mismo puede descargarse del sitio web de la máxima instancia judicial: http://www.pj.gov.py/descargas/ID1-841_protocolo_de_actuacion.pdf 

Los derechos humanos de los pueblos indígenas son reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, aprobados por la Cumbre Judicial Interamericana y ratificados por la Corte Suprema de Justicia por Acordada N° 633/2010. A estos instrumentos se suma la jurisprudencia nacional e internacional, la que abunda en precedentes y recomendaciones para la realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La socialización, igualmente, será realizada en otras circunscripciones judiciales durante el año, a fin de que los operadores de justicia puedan tener un enfoque intercultural en las actuaciones.

Se resalta que fueron invitados también representantes de las circunscripciones de Misiones, Guairá y Caazapá.