En representación de la Corte Suprema de Justicia, el ministro, doctor José Altamirano participó el pasado 26 de noviembre del “Encuentro de Altas  Autoridades de los Sistemas Judiciales” desarrollado en Santiago de Chile en el marco de la reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).

En su intervención, el ministro Altamirano destacó la importancia de la integración regional y el propósito de crear un Sistema Permanente de Solución de Controversias (Tribunal Sudamericano) para el bloque, pero a la vez manifestó su preocupación en la viabilidad y operatividad del mencionado sistema mientras no exista voluntad firme y constante de crear un organismo de naturaleza supranacional, con jurisdicción obligatoria y con exclusividad para los casos que se preservan y mientras las normas comunitarias no se apliquen con preferencia a cualquier norma interna con independencia de su rango y de su condición anterior o posterior.

Asimismo, manifestó preocupación y pesimismo de que el sistema prospere mientras el conjunto común de los derechos fundamentales no forme parte de los principios del derecho comunitario, mientras se siga afirmando y defendiendo el concepto clásico de soberanía y en tanto los tribunales y doctrinarios continúen enfrascados en discusiones, sesudas o meramente tozudas, sobre la operatividad de las normas comunitarias. 

“También mientras sigan resistiendo a tener los tribunales nacionales como órganos jurisdiccionales de derecho común para la aplicación del orden jurídico comunitario; mientras las normas comunitarias sean solo obligatorias para los Estados miembros y no para las personas naturales o jurídicas y mientras no compartamos el pensamiento de Jean Monnet, al afirmar que “para realizar una obra en común, no es negociando ventajas, sino buscando nuestras ventajas en el beneficio común, es que lo lograremos” señaló, igualmente, el ministro Altamirano.

Del encuentro participaron residentes y ministros de las Cortes Supremas de 8 de los 12 países de la UNASUR y un magistrado representante de la Comunidad Andina.

Las intervenciones de los participantes se centraron especialmente en la necesidad de generar instancias de cooperación entre los distintos poderes judiciales de los países sudamericanos, que en el futuro permitan intercambiar informaciones, la uniformidad de determinados procedimientos relacionados a exhortos exequátur, cumplimiento de resoluciones judiciales, extradiciones y establecer vías de solución de controversias.