La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco e integrada para este caso con el ministro César Garay; hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Ciudad del Este, revocando así un fallo dictado por el Tribunal de Cuentas, 1ª Sala; que dispuso que los vendedores informales no sean reubicados, como pretendía la comuna.

Los afectado, indicaron que existen diversos pronunciamientos judiciales de distintas instancias, que disponen que los ocupantes de la vía de dominio público municipal tenían derecho a continuar permaneciendo en sus respectivos lugares, y que en consecuencia no habría derecho municipal a “molestar” a los usufructuarios.

Los ministros indicaron que el interés particular no puede prevalecer sobre el interés general, y que los vendedores debían saber de antemano que cualquier convenio o trato con la Municipalidad de Ciudad del Este puede ser revocable en cualquier momento. El fallo contó con el voto en disidencia del ministro Garay.