Presentación

Con el propósito de promover la recuperación de la memoria histórica ciudadana y el desarrollo de la Administración de Justicia en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia consideró la creación del Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, como un instrumento eficaz para impulsar la educación en valores a fin de preservar el presente y el futuro del país de prácticas que atentan contra los derechos humanos y la institucionalidad de la República, que se reconocen en los postulados de la Constitución Nacional y en la Misión y Visión de esta institución.

Si bien la larga dictadura militar es derrocada en febrero de 1989, en 1992 ocurrieron varios eventos que pueden ser considerados como puntos de inflexión y el inicio de un proceso de fortalecimiento y respeto a los Derechos Humanos en el Paraguay.

En mayo de 1992 el juez en lo Criminal del 2º Turno, Dr. Luis María Benítez Riera, dicta la primera sentencia que condena a los responsables de la muerte por torturas de Mario Schaerer Prono en dependencias policiales; en junio se promulga la Constitución Nacional en la que se encuentra inserta una nueva figura, la del hábeas data (Art. 135); en septiembre, haciendo uso de sus derechos constitucionales e invocando este artículo y bajo patrocinio de abogados del Comité de Iglesias de Ayuda para Emergencia (CIPAE), el Dr. Martín Almada presenta la solicitud de hábeas data ante el juzgado en lo Criminal del 3er Turno, a cargo del Dr. José Agustín Fernández; en noviembre se inicia una causa contra el único director de la Dirección de Asuntos Técnicos dependiente del Ministerio del Interior; y, finalmente, los días 22 y 24, fechas claves para la patria, ocurrió uno de los hechos más llamativos de la transición paraguaya.

En esos días los jueces José Agustín Fernández y Luis María Benítez Riera allanaron el Departamento de Producciones de la Policía de la Capital y la Sección Técnica del Ministerio del Interior. En dichos allanamientos se encontraron documentaciones que datan de 1927 a 1989. Por decisión de los jueces, los documentos hallados fueron trasladados al Palacio de Justicia para su posterior organización y puesta a disposición de los jueces como elementos probatorios de los diferentes juicios que se estaban tramitando e investigando sobre violaciones de derechos humanos.

Ante este hecho, el Dr. Fernández, actual director del Centro-Museo de la Justicia, presenta un informe que transcrito dice:

“En fecha 14 de septiembre de 1992, a las 8:10 horas, ante el juzgado de Primera Instancia Criminal del Tercer Turno, ha sido presentada una solicitud de hábeas data por el Dr. Martín Almada, bajo patrocinio de los abogados Pedro Darío Portillo y Rodolfo Aseretto; la misma fue recepcionada por el Actuario Julio Vasconsellos. El 22 de diciembre del mismo año, en el marco de dicho juicio, se realiza el allanamiento por orden judicial de una dependencia policial identificada como Dpto. de Producciones de la Policía. El peticionante de hábeas data, el juez José Agustín Fernández, y su actuario judicial, Julio César Vasconsellos, se constituyeron en el lugar con la presencia testimonial de numerosos periodistas de los medios de comunicación orales, escritos y televisivos. Ante la resistencia policial, se forzó la entrada, invocando expresamente “Yo estoy envestido de la autoridad que me otorga la Constitución y la Ley y le ordeno que me abra el lugar”.

Ante la magnitud y el volumen de la documentación hallada, el juez Fernández requirió la presencia del juez de turno, Dr. Luis María Benítez Riera, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 2º Turno, quien acudió al lugar del hallazgo a efectos de coadyuvar en la tarea encabezada por el juez Fernández. Luego de una revisión superficial de los documentos, se ordenó el traslado de los mismos al Palacio de Justicia, y así, luego de diez horas de ardua e intensa labor, se llevaron al despacho del juez Fernández, donde se inició la clasificación primaria de los mismos.

Cabe destacar que el planteamiento efectuado por el Dr. Almada se constituyó, sin lugar a dudas, en la primera acción de reclamo a la justicia utilizando la figura constitucional del hábeas data en la historia paraguaya.