Teniendo en cuenta que el artículo 33 de la Constitución Nacional tutela y garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, que se extiende a la esfera de la actividad privada del individuo y a su relacionamiento con los demás, en tanto el mismo se encuadra en la órbita del Derecho Privado, la máxima instancia judicial dispuso anular la autorización a la empresa Informconf.

La Corte considera que dicha delimitación está definida, en cuanto hace a la actividad de recolección, procesamiento y difusión de datos, por las leyes 1861/2001, la cual se refiere a publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente individualizadas, y 1969/2002, que indica los supuestos en que se permite la divulgación de personas físicas o jurídicas vinculadas con su situación patrimonial, solvencia económica o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales o financieras.

En ese contexto, el pleno de la Corte emitió una disposición que señala que lo solicitado por Informconf SA no se encuadra en las disposiciones de la Ley N° 1969/2002.