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Corte Suprema de Justicia

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08 DE MARZO DE 2013

MINISTRO DE LA SEAM Y FISCAL ADJUNTO ACOMPAÑAN RECORRIDO

Presidente de la Corte encabeza operativo ambiental

Una comitiva encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes; el ministro de la Secretaría Nacional del Ambiente (Seam), Heriberto Osnaghi; y el fiscal general adjunto, Jorge Sosa, realizó un operativo de verificación de propiedades ubicadas en Itauguá, a la altura del kilómetro 28 de la Ruta II, donde funcionan mataderías, curtiembres y locales de cría de porcinos. Tras la inspección realizada se pudo constatar que efectivamente los residuos arrojados por los mismos desembocan en el arroyo Yukyry, que es uno de los principales afluentes del contaminado Lago Ypacaraí.

A tempranas horas de este viernes se inició un operativo de verificación de propiedades situadas en el distrito de Itauguá, a la altura del km 28 de la Ruta II. La comitiva que realizó la inspección estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes; el ministro de la Seam, Heriberto Osnaghi; y el fiscal adjunto, Jorge Sosa. El procedimiento es ejecutado por la fiscala Sara Torres y la jueza de la jurisdicción Norma Salomón. Acompañaron igualmente la actividad el magistrado Mario Maidana, representantes de la Erssan y de otros organismos públicos.

El grupo de trabajo realizó una minuciosa inspección de los lugares y comprobaron que los mismos vierten sus residuos en cauces hídricos que se conectan al arroyo Yukyry, que finalmente terminan en el Lago Ypacaraí. Las autoridades judiciales indicaron que varias de estas empresas ya fueron suspendidas.

El presidente de la Corte Suprema, doctor Antonio Fretes, señaló que la intención de este operativo no es sancionar a los propietarios, sino que se busca principalmente la adecuación del predio a las normas ambientales.

“La mera sanción de los locales no arreglará el problema, sino lo que se busca es que los propietarios adecuen los predios a las normas ambientales”, manifestó el titular del Máximo Tribunal de la República.

Los locales deberán dejar de operar hasta que se adecuen los predios a las normas establecidas y, en ese sentido, durante el recorrido los propietarios pidieron ayuda al Estado.
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