Para el presidente de la Federación Interamericana de Abogados, doctor Rafael Veloz, si bien es vital obtener la independencia del Poder Judicial, es difícil lograrlo en un cien por ciento, ya que, con base en lo que establece la Constitución Nacional, es el sector político el que se encarga de designar a los magistrados.

Indicó sin embargo que dentro de la democracia existen herramientas que posibilitan evitar las interferencias de otros sectores en el ámbito judicial y que sobre todo debe ser la ciudadanía la que debe manifestarse cuando existan intromisiones.

“Hay una constante en lo que es la revisión de los poderes públicos y el hecho de que transversalmente las constituciones latinoamericanas establezcan que la designación de los conductores de las políticas públicas en materia de justicia sea el foro político, vale decir el Parlamento o la Asamblea Nacional, hace que en el inicio podamos tener contaminaciones dentro del foro judicial. Sin embargo, las democracias tienen sus remedios, tienen sus maneras de lavar las posibles interferencias que pudieran estar en los poderes judiciales, pero en especial es el ciudadano el que tiene la vara para señalar las desviaciones que pueda haber dentro del foro judicial”, señaló el titular de la FIA.

En ese sentido, agregó que la Federación viene trabajando desde hace dos años en un programa de aspecto científico para determinar los niveles de independencia de los sistemas de justicia, y si bien reconoció que existen programas que miden por ejemplo los niveles de pobreza de los países, no existen programas que midan el nivel de independencia de los poderes judiciales.

Resaltó que de comprobarse la existencia de intromisión de otros poderes en las decisiones del Poder Judicial, debe ser denunciada por los abogados del foro de manera a lograr una real independencia judicial. “De existir intromisiones de otros poderes públicos en el Poder Judicial, los abogados tenemos la misión de denunciarlas”, indicó el doctor Veloz.

Asimismo, señaló que también es necesario lograr un Poder Judicial que maneje su propio presupuesto, es decir, que tenga una total autonomía presupuestaria. “Por otro lado, se requiere que los poderes judiciales tengan independencia financiera y eso es una conquista que progresivamente se ha dado en los países latinoamericanos, autofinanciamiento por vías propias para que tengamos los recursos adecuados. Otras constituciones establecen hasta un porcentaje básico mínimo en la distribución para que los jueces y los operadores de justicia puedan tener sus manos sueltas en lo que se refiere a los recursos financieros”, puntualizó el presidente de la Federación Interamericana de Abogados.

La entrevista la brindó en ocasión de la conferencia de prensa en la que se presentó la 49ª Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, a realizarse en Asunción del 20 al 24 de junio de 2013.