En la sesión ordinaria del tres de octubre del corriente año, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció la labor realizada por el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) debido al gran impacto del proyecto con el objetivo de lograr que la justicia se acerque a la ciudadanía utilizando la mediación judicial.

A través de un video de presentación del papel de los facilitadores realizado por el programa, los representantes de los Países Miembros y el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, conversaron sobre los éxitos del proyecto que gestiona la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA y que está destinado a reforzar el acceso a la justicia a los ciudadanos que habitan en algunas de las áreas rurales más aisladas de las Américas.

El Secretario General, José Miguel Insulza recalcó el gran impacto que ha tenido esta iniciativa desde su inicio en 2007, destacando “la importancia de esta labor en el reforzamiento de nuestras instituciones y en al afianzamiento del Estado de Derecho”. Asimismo agregó que “sectores importantes que no tenían acceso a la justicia, hoy, resuelven en gran magnitud situaciones y conflictos sin llegar a los tribunales y, de requerirlo, cuentan con la información necesaria para asegurarse de que concluyan exitosamente”.

El Secretario General destacó, en particular, la generación de mayor confianza en el Poder Judicial mostrado en los seis países donde opera el programa, así como la descongestión de los juzgados locales, la revalorización del papel de los jueces y la mejora en general en el acceso de los ciudadanos a la justicia. “También podemos destacar la reducción de conflictos y un ahorro considerable para los usuarios, y para el sistema judicial”, agregó.

El máximo representante de la organización hemisférica recordó el respaldo al PIFJ brindado por la última Asamblea General de la OEA, que aprobó una resolución que “mandata a la OEA a continuar apoyando a los Estados Miembros que soliciten establecer servicios nacionales de facilitadores”.

El Secretario General concluyó afirmando que “los facilitadores han permitido que la justicia se acerque a la ciudadanía, reforzando nuestras instituciones democráticas basadas en un Estado de Derecho inclusivo y eficaz”. Indicó que “nuestro trabajo ha sido precisamente ese, el fortalecimiento institucional, pero sobre todo el ejercicio y la consolidación de la democracia”.

Durante la sesión, el Consejo recibió las presentaciones de tres casos concretos de los efectos positivos que ha tenido en Guatemala, Nicaragua y Panamá la aplicación del Programa de Facilitadores Judiciales.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Thelma Esperanza Aldana Hernández, informó al Consejo que “a lo largo de este año, la figura del facilitador judicial se ha implementado en 75 municipios, en 13 departamentos de los 22 que conforman la República. Esta implementación es un avance en la aplicación de la justicia preventiva”. “Hemos adoptado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales porque creemos firmemente que es más beneficioso para un pueblo la justicia preventiva que el juzgamiento de un conflicto”, continuó.

Marvin Aguilar García, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, reportó que en las cortes de su país “se le reconoce al facilitador judicial como un auxiliar de la administración de justicia, tal y como está establecido en las leyes”. “El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que se fortalece a través del servicio que realizan los facilitadores judiciales”, agregó. Al enfatizar el compromiso de su país con el concepto de los facilitadores, afirmó que “lo más importante es el grado de disponibilidad de los facilitadores judiciales y la gratuidad de servicio a la comunidad”.

Por su parte, Hernán De León Batista, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, explicó que, gracias a la ayuda de la OEA y siguiendo el ejemplo de Nicaragua, “actualmente contamos con 668 facilitadores en 40 distritos municipales, en siete de las nueve provincias que tiene la República de Panamá, lo cual equivale a la mitad del territorio nacional”. Informó además que los facilitadores son líderes comunitarios seleccionados por sus comunidades, lo que a su juicio tiene “una doble ventaja”: “No se trata sólo de qué se dice y cómo se dice, sino también de quien lo dice. La información proviene de una autoridad moral entre su gente, de una persona digna de credibilidad y respeto”.

Antes de la sesión del Consejo Permanente, el Secretario General Insulza recibió a los participantes en su despacho en la sede de la OEA en Washington, DC. Durante la sesión, tomaron uso de la palabra los representantes de Nicaragua, Uruguay, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Guatemala y Brasil.