Según expresa el documento, el ministro preopinante, Víctor Núñez manifestó que “de conformidad al análisis previo de las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico en la materia, la competencia de los municipios concerniente a la verificación técnica vehicular es indudable; y la intención legislativa de regular las condiciones técnicas de los vehículos que circulan en nuestro país, fue con el propósito de corregir la evasión de la normativa existente, pero desconocieron la atribución conferida a los Municipios, en el afán de generalizar por esta vía, la obligatoriedad a nivel nacional. Sin embargo, se ignoró por completo las normativas fijadas a los efectos de preservar la autonomía municipal, por lo que pretender corregir una situación de inacción municipal, no puede hacerse imponiendo mecanismos inconstitucionales”.