Lograr que el concepto de derechos humanos sea incluido como tal en el sistema normativo no fue fácil, teniendo en cuenta que estuvo amparado por constituciones desfasadas, leyes convenientes y estructuras corruptas.

Es por ello, que tras la caída del régimen dictatorial en 1989 se firmó y ratificó por ley la “Convención Americana de DDHH” lo que posibilitó tener una visión mas amplia de la aplicación de mecanismos  universales de protección de los derechos humanos. De esta manera también se aceptó, por primera vez, la jurisdicción de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos.

Los cambios registrados, sobre todo en los años 90, constituyeron, especialmente, la formulación de la Carta Magna, que prevé los derechos humanos básicos de los ciudadanos y a partir de la Constitución de 1992 fue revalorizado el concepto de derechos fundamentales y recoge en su texto el espíritu y la normativa internacional de derechos humanos, incorporando a la vez otros derechos como los civiles y políticos, los de los niños y las niñas, los económicos, sociales y culturales, de la mujer, de los pueblos indígenas, los laborales y de las personas con discapacidad, entre otros.

En ese sentido, se deja constancia que la Carta Magna, esta en primer lugar al regular y fundamentar a la hora de la aplicación, seguida por las normas internacionales y en tercer lugar las leyes ordinarias y los instrumentos legislativos de menor jerarquía.

Similares normativas, se aplican en varios países de Latinoamérica como Colombia, El Salvador, República Dominicana y Venezuela, ya que consagran al igual que Paraguay el reconocimiento de las normas de carácter internacional como mecanismos internos.