Mediante la Resolución N° 287 del 01 de diciembre de 2010, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la instrucción de un sumario administrativo a las funcionarias Gloria Leopoldina Chamorro Crosa y Celia del Rosario Escobar Franco, en su carácter de jefas o encargadas de la Oficina de Distribución de Causas Penales y de Mesa de Entrada Civil, respectivamente, de Ciudad del Este, tras denuncias presentadas y la posterior verificación de irregularidades durante investigaciones preliminares.

Igualmente, las funcionarias son suspendidas en el desempeño de sus funciones, sin goce de sueldo, hasta tanto se dicten resolución definitiva en el Sumario Administrativo. Los autos de este proceso fueron remitidos a la Oficina de Quejas y Denuncias, mientras que el superintendente general de Justicia, Rafael Monzón, fue designado como juez instructor.

Una investigación preliminar realizada a la Oficina de Distribución de Causas, reveló que más de 230 expedientes ingresaron entre el 2008 y el 2009 sin haberse realizado el sorteo respectivo, mientras que de la base de datos se pudo constatar que los expedientes con causal de excusación, recusación u otro impedimento, no son devueltos a la Oficina de Distribución de Causas.

En lo que respecta a la Mesa de Entrada Civil, también se verifican numerosos expedientes ingresados que no fueron sorteados, además de detectarse discrepancias entre la hora de recepción de los expedientes en los Juzgados y la hora de registro de expedientes de la Mesa de Entrada.

Es importante mencionar, que ante las constancias presentadas, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, doctor Víctor Núñez, peticionó en su momento la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión sin goce de sueldo de los supuestos responsables. Estas disposiciones de la Corte Suprema de Justicia se sustentan en la Ley N° 609/95 “Que Organiza la Corte Suprema de Justicia”.