Los 21 funcionarios de Registros Públicos que están imputados por presunto cohecho pasivo y los 2 implicados por la supuesta comisión del hecho punible de apropiación, deberán cumplir con las medidas alternativas a la prisión, según lo dispuesto por la jueza Penal de Garantías, Patricia González.

Entre las medidas fijadas por la magistrada durante la audiencia de imposición, figuran la comparecencia mensual ante su juzgado y la prohibición de salir del país, cumpliendo con el pedido planteado en el acta de imputación que fue presentado por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Arnaldo Giuzzio.

Por su parte, el Departamento de Tesorería de la máxima instancia judicial notificó a los imputados que deben devolver la mitad del salario que le habían acreditado correspondiente al mes de noviembre.

Cabe destacar, que el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia abrió sumario administrativo para todos los funcionarios de los Registros Públicos imputados y fueron suspendidos en el desempeño de sus funciones, sin goce de sueldo hasta nueva resolución en contrario.