Fue abierto el sumario administrativo para los 21 funcionarios de los Registros Públicos que están implicados en la comisión de cohecho pasivo según la imputación presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Arnaldo Giuzzio, según lo dispuesto por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

Los funcionarios sumariados son: Félix Escalante Quintana, Albino Villalba Escobar, Carlos González Samaniego, César Rojas, Francisco Escalante, Juan Montiel, Ramón Bareiro, Lucio Molinas, Willian Viveros, Isidro González, Carlos Florentín Hermosilla, Rodrigo Bogado, Alberto Agapito Ojeda, Juan Carlos Páez, Mario Bobadilla, Juana Peralta, Marian Haedo, Jorgelina Benítez, Isabel Chaparro de Colmán, Berta Alarcón, Myrian Duarte Fleitas,

Igualmente, los mismos fueron suspendidos en el desempeño de sus funciones, sin goce de sueldo hasta nueva resolución en contrario. Además, se remite la resolución a la Oficina de Quejas y Denuncias para su registro y posterior derivación a la Superintendencia General de Justicia.

Fue resuelto también, designar juez instructor al Superintendente General de Justicia, abogado Rafael Monzón y enviar copia de la resolución a la Dirección de Recursos Humanos, a la Dirección de Administración y Control de Personal y a la División Liquidación de Remuneraciones para su registro.

También fueron sumariados supuestos implicados en extravío de documentos de fincas

Además, el Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial dispuso el sumario administrativo a los funcionarios de la undécima sección de Registros Públicos, Mario Alfredo Bobadilla y Juan Carlos Páez  y suspenderlos preventivamente en el desarrollo de sus funciones, sin goce de sueldo hasta que recaiga una nueva resolución en contrario.

Los mismos, están presuntamente imputados por el hecho punible de apropiación, ya que según el acta de imputación, Bobadilla y Páez sustrajeron documentos correspondientes a dos fincas de Hernandarias, que recién fueron devueltos días pasados.

Asimismo, se resolvió designar igualmente como juez instructor al Superintendente General de Justicia, abogado Rafael Monzón, además se remite copia de la resolución a la Oficina de Quejas y Denuncias, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de Administración y Control de Personal para su registro.

También se envían compulsas de estos antecedentes al Agente Fiscal en lo Penal de Delitos Económicos y Anticorrupción, abogado Arnaldo Giuzzio.