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22 DE OCTUBRE DE 2010

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN “OBSERVATORIO DE CÁRCELES”

Defensores públicos entrevistaron a más de 170 reos de la Penitenciaría Regional de Alto Paraná

Una comisión encargada de verificar la situación de los reclusos de todas las cárceles del país, entrevistó a 170 reos de la Penitenciaría Regional de Alto Paraná, constándose que varios de ellos no cuentan con representantes legales, motivo por el cual se iniciaron los trámites para que defensores públicos los asesoren en sus causas judiciales. Estas visitan obedecen a una iniciativa del Ministerio de la Defensa Pública, denominada “Observatorio de Cárceles”.

La comisión “Observatorio de Cárceles”, integrada por defensores públicos; realizó una visita a la Penitenciaría Regional de Alto Paraná los días 13, 14 y 15 de octubre, ocasión en que entrevistaron a 170 reclusos del referido penal para conocer sus principales reclamos y tomar las medidas correctivas necesarias.

 

El total de entrevistados corresponde al 25,3 % de la población penitenciaria, que cuenta actualmente con una población de 676 personas. Del total de internos entrevistados, 86 cuentan con defensor público, 51 con abogado particular y 33 manifestaron no tener abogado. Por ello, se iniciaron los trámites necesarios para que estos internos cuenten en la brevedad posible con un defensor proveído por el Estado.

 

La actividad de  monitoreo del centro penitenciario estuvo a cargo de la defensora penal adjunta, Selva Morel de Acevedo, quién contó con el acompañamiento de los defensores públicos Liz Rossana Armoa (secretaria de la comisión), Sofía Borba Rolón, Juan Arce Gómez, Carlos Fernández, Juan Andrés Acosta, Edgar Benítez, Margarita Martínez, Julia Cardozo Luján, Evy Paniagua, Sady Cantero, Pedro Báez, Cinthia María Garcete; y los abogados Gustavo  Zapata, Marino Méndez y Marcelo Torres.

 

El Observatorio de Cárceles tiene como objetivo verificar las condiciones de alojamiento, alimentación, atención médica y todo lo concerniente al bienestar de los internos, incluyendo salud, derechos humanos y acciones judiciales entre otras, de los distintos centros penitenciarios y correccionales de adolescentes de todo el país.
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